Una empleada del Banco Nación en Caleta Olivia fue procesada acusada de retirar casi $1 millón de cuentas de clientes, maniobras que quedaron filmadas y se concretaron entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.

El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del Banco Nación por haber realizado diversas extracciones en las cuentas de cajas de ahorro de siete clientes y, de acuerdo con la investigación, el perjuicio económico habría sido de $948.600. En el caso, interviene el fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, Lucas Colla.

Conforme al comunicado del Ministerio Público Fiscal, la mujer fue procesada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, mientras que, además, se le fijó un embargo de $5 millones.

El caso comenzó con la denuncia que hizo la entidad bancaria donde relataron que recibieron un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de sus empleadas. Tras las primeras diligencias se pudo constatar que había realizado extracciones en cuentas de cajas de ahorro de clientes “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio.

Estas maniobras se pudieron dilucidar tras el análisis de los videos presentados que daban cuenta de los movimientos, motivo por el cual el fiscal y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada.

“No obstante, la defensa de la imputada presentó luego un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de $3 millones con el objetivo de no avanzar sobre su situación procesal”, destaca el escrito.

Aun así, el MPF se opuso al acuerdo al considerar que el hecho fue ejecutado por una persona que, al trabajar en un banco público, se encontraba alcanzada por el concepto de funcionario público.

Sin embargo, el juzgado homologó el acuerdo, por lo que el MPF apeló y, en su recurso, se consideró que la decisión se basó en una “valoración discrecional, fragmentada y selectiva de la prueba producida y de la ley aplicable”.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que las razones de política criminal que esgrimió el fiscal para rechazar el acuerdo estuvieron correctamente fundadas, por lo que los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron la decisión que había homologado la propuesta de la defensa.

Tras esta determinación, el juzgado federal avanzó en resolver la situación procesal de la mujer. Allí, repasó los videos que aportó la entidad bancaria y los movimientos considerados “llamativos” en la denuncia, donde se observaban los retiros del dinero y como los colocaba luego en su cuaderno o billetera.

“Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria, por lo que, resulta inverosímil que pueda alegarse falta de direccionamiento de dichas conductas o que las mismas disten de ser realizadas al azar o sin raciocinio”, sostuvo el juez federal Claudio Vázquez.

Consideró entonces que quedó demostrado que la empleada se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo. El objetivo fue “procurarse las autorizaciones necesarias que el sistema operativo habilitado por dicha entidad financiera exige para efectuar las transacciones ilegales”.