La investigación judicial por presuntos hechos de corrupción y desvío de fondos públicos en el área de infraestructura sumó un testimonio que sacude las estructuras políticas de la gestión anterior. Un testigo de identidad reservada complicó severamente la situación procesal de exmiembros de la Secretaría de Transporte al detallar la existencia de un mecanismo aceitado de recaudación ilegal, basado en la entrega directa de bolsos y fajos con dinero en efectivo dentro de las propias dependencias oficiales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas ante la justicia federal, el testigo aseguró que, bajo las órdenes expresas de un empresario apodado "Leal", transportaba de manera periódica importantes sumas de dinero espurio. El destino final de esos fondos era el despacho de una alta funcionaria de la Secretaría de Transporte, quien se encargaba de recibir las dádivas como contraprestación por la agilización de expedientes y la asignación discrecional de subsidios estatales.

Lo concreto es que por instrucción directa de Facundo Leal, un empleado de su entorno aseguró haber entregado un sobre de papel madera que, por su forma y consistencia, contenía “un fajo de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte. El episodio, ocurrido el 4 de febrero de 2026, quedó incorporado al expediente que investiga las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa estatal Arsat, que presidió Leal durante el gobierno de Alberto Fernández, y la firma Argentina Logistic Services (ALS).

En ese entonces, ya durante la presidencia de Javier Milei, Facundo Leal ejercía como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Renunció a ese cargo 24 de febrero, 20 días después. Para ese entonces, Luis Pierrini (persona de confianza de Leal y quien le ha prestado su avión privado) ya había dejado su cargo como secretario de Transporte.

La mecánica descrita por el compareciente aporta datos precisos sobre los días, horarios y modalidades operativas en que se concretaban los retornos. Según el relato judicial, el dinero en efectivo provenía de un entramado de empresas de transporte que inflaban los costos operativos y adulteraban las declaraciones de kilometraje recorrido para percibir mayores compensaciones por parte del Estado nacional. Una porción de ese flujo millonario regresaba luego a las manos de los funcionarios públicos encargados de la fiscalización del sector.

El fiscal federal que coordina la instrucción penal solicitó de inmediato una serie de medidas de prueba destinadas a corroborar los dichos del testigo. Entre las diligencias ordenadas se destacan el entrecruzamiento de llamadas telefónicas de los imputados, el análisis de los registros de ingresos de visitas al edificio público y el pedido de informes bancarios y patrimoniales sobre el entorno familiar de la funcionaria señalada en la declaración.

La causa, que ya acumula una profusa cantidad de documentación contable y auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN), entra en una etapa de definiciones. Mientras las defensas de los exfuncionarios desestiman las acusaciones y argumentan que se trata de una operación política basada en testimonios sin sustento material, la fiscalía avanza en la recolección de pruebas periféricas con la firme sospecha de estar ante una matriz de retornos sistémica que desvió millones de pesos de las arcas del Estado.