Las idas y vueltas en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos suelen activar las alarmas en los tribunales de Comodoro Py, pero el caso de Manuel Adorni ha entrado en un terreno de profunda perplejidad judicial. Lo que comenzó como un trámite de rectificación ante la Oficina Anticorrupción para justificar un fuerte salto en su patrimonio terminó por sembrar más dudas que certezas. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, ya ordenó las primeras medidas de prueba de alto impacto técnico para desentrañar un complejo entramado de activos digitales que, según fuentes del caso, adolece de una alarmante falta de trazabilidad.

El centro de la polémica radica en el drástico cambio de los números oficiales. En sus presentaciones originales, el actual Jefe de Gabinete había declarado poseer 61 millones de pesos a finales de 2023 y 107 millones de pesos en 2024. Sin embargo, esas declaraciones fueron virtualmente borradas del sistema de la Oficina Anticorrupción tras una enmienda integral efectuada por el funcionario. En su nueva versión, Adorni fijó sus bienes al inicio del período 2024 en 622 millones de pesos, para luego declarar un cierre fiscal de 2025 con un patrimonio total que asciende a los 944.575.052 pesos.

Para justificar semejante evolución patrimonial ante la opinión pública y los expedientes, Adorni apeló al argumento de la timba tecnológica. Sostuvo que, junto a su esposa Bettina Angeletti, adquirió Bitcoins entre los años 2014 y 2018 utilizando unos 200.000 dólares provenientes de sus ahorros en el sector privado. La venta posterior de esos activos, según su versión, explicaría los fondos actuales. La hipótesis judicial, no obstante, choca de frente con esta explicación. Los investigadores señalan que no existe un solo documento que respalde la licitud del dinero inicial ni constancias duras que aseguren que el funcionario haya sido el titular real de las billeteras virtuales en aquellos años de desregulación cripto.

A este bache documental se le suma una inconsistencia matemática que los peritos de Comodoro Py califican de inexplicable. Según explicaron fuentes judiciales a la periodista Lucía Salinas del diario Clarín —medio que reveló los pormenores de la causa—, si se calcula el volumen de Bitcoins que Adorni afirma haber operado, la cifra final declarada de 513.000 dólares resulta inverosímil por defecto. De haber poseído esa cantidad de activos en las fechas señaladas, el valor de mercado actual superaría holgadamente los 20 millones de dólares. El desfasaje expone una contradicción: o las cantidades declaradas son falsas, o el valor real del patrimonio es inmensamente mayor.

La precisión que faltó para el "atesoramiento histórico" sí apareció en el detalle de sus cuentas digitales menores a comienzos de 2024. En su rectificación, el Jefe de Gabinete admitió poseer tres billeteras virtuales activas pesificadas al tipo de cambio oficial: una cuenta en la plataforma Binance con 11.019,85 unidades (equivalentes a 8.875.937 pesos), otra en Lemon con 2.605,83 unidades (2.098.865 pesos) y una tercera de BTC con 1.069,69 unidades (861.584 pesos). Estos saldos marginales quedan totalmente ensombrecidos por el volumen de la presunta operación principal que motiva la pesquisa.

Frente a este escenario, la fiscalía de Pollicita ya activó los resortes técnicos de la Procuración General de la Nación. Se solicitó la intervención urgente de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) con el objetivo de radiografiar los ingresos, consumos y movimientos bancarios del matrimonio. Asimismo, se cursaron requerimientos formales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la flamante Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Los sabuesos fiscales cruzarán todo el historial laboral e impositivo de Adorni en el sector privado para determinar si su capacidad de ahorro declarada permitía, en primer lugar, realizar la inversión que hoy esgrime como escudo protector.

En los pasillos oficiales se desliza que la defensa podría orientar su estrategia hacia una eventual infracción impositiva o evasión fiscal, apostando a que ciertos períodos ya se encuentren prescriptos. Sin embargo, en el fuero federal advierten que la figura del lavado de activos no se neutraliza con una simple regularización tributaria. Para la Justicia, antes de discutir impuestos, Adorni deberá demostrar con papeles idóneos de dónde salió el dinero y a quién pertenecían realmente las criptomonedas que cambiaron su suerte económica.