El derrotero para la cobertura de vacantes en la justicia federal sumó un capítulo de alta intensidad política y judicial en los tribunales de Comodoro Py. El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente luego de que el Poder Ejecutivo enviara una notificación formal al Senado de la Nación solicitando el retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para ocupar una vacante estratégica como vocal en el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata.

La denuncia penal, que por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 6, fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización civil Reset Republicano. Los denunciantes sostienen que la drástica medida adoptada por la Casa Rosada no responde a criterios de idoneidad, antecedentes académicos ni impugnaciones técnicas, sino a una abierta "persecución ideológica" y un acto discriminatorio fundado exclusivamente en el lazo de parentesco de la postulante. Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, miembro del diario La Nación.

El conflicto escaló de manera pública cuando el propio Alconada Mon ratificó en sus redes sociales el trasfondo de la decisión oficial. El periodista ha liderado investigaciones de fuerte impacto vinculadas a presuntos desvíos financieros y al crecimiento patrimonial de altos funcionarios de la administración libertaria. En el ámbito parlamentario, el pliego de Michelli ya había reunido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos —presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto— para emitir un dictamen mayoritario y ser debatido en el recinto. Sin embargo, la orden directa de frenar su designación desactivó el avance parlamentario, lo que derivó en la presentación de la agrupación Reset Republicano para que se investigue la presunta violación de la Ley Antidiscriminatoria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El retiro de pliegos judiciales por motivaciones extrajurídicas reactiva un histórico debate institucional en la República Argentina sobre los límites del Poder Ejecutivo en el proceso complejo de designación de magistrados, regulado por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.

Si bien la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la práctica institucional dictan que el Presidente tiene la facultad discrecional de enviar y retirar pliegos mientras estos se encuentren bajo el análisis de la Cámara alta (antes de recibir el acuerdo formal), el estándar internacional fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece directrices estrictas sobre la no discriminación y la protección de la independencia judicial. En fallos como Reverón Trujillo vs. Venezuela o Chocrón Chocrón vs. Venezuela, el tribunal interamericano determinó que los procesos de selección y ascenso de jueces deben guiarse exclusivamente por la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad profesional.

Bajo esta óptica jurídica, los denunciantes apuntan a que el uso de potestades constitucionales con fines punitivos o de represalia indirecta contra la libertad de prensa desnaturaliza la discrecionalidad del Ejecutivo, transformándola en una desviación de poder. La justicia federal deberá dirimir ahora si la decisión firmada por la Casa Rosada constituye un acto de gobierno no judiciable o si, por el contrario, cruza la frontera de los delitos de abuso de funciones establecidos en el Código Penal.