Otro escándalo
Confirman vuelos de Manuel Adorni a Gualeguaychú y ordenan nuevas pericias
La investigación por presunto peculado avanza tras la ratificación de dos traslados aéreos del vocero presidencial a la ciudad entrerriana, mientras la Justicia busca determinar si los viajes tuvieron una justificación institucional o respondieron a fines personales.
La Justicia Federal ha imprimido un nuevo ritmo a la causa que investiga el uso de activos públicos por parte de Manuel Adorni, tras confirmar oficialmente que el Jefe de Gabinete protagonizó al menos dos viajes de corta duración hacia la ciudad de Gualeguaychú. La ratificación surge de los registros de la Administración Nacional de Aviación Civil y de los informes técnicos de la flota oficial, documentos que ahora disparan una batería de medidas probatorias destinadas a desentrañar la naturaleza de estos desplazamientos.
La primera escapada se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y la segunda, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. Para ambas estadías, el funcionario reservó dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo, según informó una fuente del caso, por un costo total de $2.350.000. Pagó en efectivo.
Los investigadores analizan también la hoja de ruta de las aeronaves y en la confrontación de las fechas de vuelo con la agenda pública del funcionario, buscando cualquier indicio de actividad oficial que sustente el despliegue logístico y el gasto de recursos estatales en dichos trayectos.
El proceso judicial, que se desarrolla bajo la figura de presunto peculado de servicios, ha solicitado además un desglose pormenorizado de los costos operativos, incluyendo desde el consumo de combustible hasta los viáticos de las tripulaciones involucradas.
El juzgado busca identificar también a las personas que acompañaron al funcionario en estas travesías "relámpago", con el fin de establecer si el entorno presente guardaba relación con sus funciones jerárquicas o si pertenecía a su ámbito privado. Este avance en la etapa de instrucción se produce en un momento político complejo, donde cada movimiento en el uso de los bienes del Estado es observado con rigor bajo la narrativa de austeridad que promueve la propia administración central.
Mientras la fiscalía analiza los datos técnicos recolectados, la defensa del vocero deberá articular una respuesta que justifique la urgencia o la necesidad institucional de utilizar traslados aéreos para destinos que cuentan con conectividad terrestre directa. Por el momento, la confirmación de los vuelos ha dejado a la causa en un punto de no retorno, donde la producción de pruebas periciales sobre las agendas oficiales será determinante para definir si existió un desvío de recursos o si los viajes se encuadraron dentro del marco normativo que regula el movimiento de los altos mandos del Poder Ejecutivo.
