Más problemas para el Jefe de Gabinete
El flujo de dólares en efectivo que complica la situación de Manuel Adorni
La declaración del propietario de la finca alquilada por el Jefe de Gabinete en el country Indio Cuá revela pagos por más de 15.000 dólares realizados fuera del circuito bancario, sumando presión a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El escenario judicial que rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha sumado en las últimas horas un testimonio de relevancia crítica para la fiscalía liderada por Gerardo Pollicita. José Luis Rodríguez, dueño de la vivienda que el funcionario habitó de forma transitoria en el barrio privado Indio Cuá, confirmó ante los tribunales de Comodoro Py la percepción de una suma total de 15.400 dólares, entregados íntegramente en billetes de moneda extranjera y bajo una modalidad estrictamente física.
Este relato testimonial no solo ratifica la existencia de un contrato de locación inicial por 13.000 dólares —gestado en las vísperas de su asunción pública— sino que también arroja luz sobre una extensión del acuerdo por tres meses adicionales. Según el testigo, este anexo se pactó de palabra a razón de 800 dólares mensuales, debido a las demoras en las refacciones de la propiedad definitiva que Adorni adquirió en el mismo predio de Exaltación de la Cruz. La ausencia de bancarización en estos movimientos financieros se convierte ahora en un eje central para los investigadores, quienes intentan trazar el origen de los fondos.
La declaración de Rodríguez se encadena con los dichos previos de Matías Tabar, el contratista encargado de las fastuosas reformas en la residencia permanente del funcionario. Aquella intervención arquitectónica, cuyo valor se estimó en 245.000 dólares, también habría sido liquidada en efectivo y sin el respaldo de documentación fiscal, configurando un patrón de conducta financiera que la Justicia Federal observa con creciente suspicacia.
En este contexto, la Oficina Anticorrupción y la fiscalía se encuentran abocadas a un minucioso cotejo entre los ingresos registrados de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y el nivel de gasto exhibido durante el último año. La causa por presunto enriquecimiento ilícito busca determinar si existe una brecha insalvable entre el patrimonio declarado y la capacidad de desembolso en dólares billete que el funcionario ha desplegado para consolidar su situación habitacional en uno de los sectores más exclusivos de la provincia.
