Cuentas públicas
Pese al auxilio de Nación, las urgencias de las provincias conspiran contra la reforma tributaria
Los gobernadores vienen remarcando la pérdida de recursos y Nación lo reconoció al habilitar adelantos de coparticipación.
La caída de la recaudación nacional y de las provincias mientras no asoma en el horizonte un repunte de la actividad -en especial de la construcción, la industria y el comercio- alejan la posibilidad de una reforma tributaria coordinada entre la Casa Rosada y los gobernadores. Ese objetivo, pretendido para este año por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se postergaría para 2027.
Aunque Caputo insiste en la necesidad de una reducción del impuesto provincial a los Ingresos Brutos (IIBB) y de tasas municipales -planteo compartido por las cámaras empresarias-, las restricciones fiscales de las provincias diluyen esa chance. De hecho, la Casa Rosada tuvo que habilitar este lunes un esquema de adelanto de coparticipación por $400.000 millones para una docena de provincias con el objetivo de evitar que tomen deuda en el exterior.
“En este contexto, los gobernadores están más cerca de aumentar impuestos que de bajar. Es lo que está pasando en algunos municipios. Hay reformas pendientes pero en un contexto de recaudación planchada son muy difíciles de hacer”, le dijo a LA NACION un economista que sigue los números de las provincias.
En promedio, IIBB representan entre 80% y 82% de la recaudación tributaria provincial según un informe de Eco Go. Con ocho de cada diez pesos que provienen de esa fuente es difícil que mientras están reclamando más recursos los gobernadores encaren una baja de las alícuotas de ese impuesto, altamente distorsivo por su efecto cascada. Los economistas coinciden en que para avanzar en ese sentido debe haber una “coordinación consensuada” y apuntan que lo más viable sería una reducción gradual acompañada de una “compensación” de fondos.
En marzo la recaudación nacional tuvo su octava caída consecutiva, lo que impacta en los giros automáticos (incluyen la coparticipación federal) a las provincias. En el primer trimestre la baja fue del 6,4% real interanual, el equivalente a $1.151.364 millones en las cuentas de los 24 distritos del país.
En lo que hace a las transferencias no automáticas, en marzo el descenso interanual real fue del 69,1%. A nivel acumulado, la baja real interanual fue del 59,1% ($407.777 millones). Se trata del segundo peor primer trimestre de año desde 2005, quedando solo por encima del registro de 2024, según datos de Politikon Chaco. En total, la pérdida es de $1.559.141 millones.
En ese contexto, los gobernadores enfrentan presiones sindicales para recomposición de salarios por encima de la inflación (en 2024 lograron licuar ese gasto, pero no pudieron repetir el año pasado y tampoco lo lograrían en 2026). En las provincias el gasto es menos elástico que a nivel nacional: a salarios se destina entre 60% y 70% de las erogaciones corrientes. El riesgo, ante la complicación del frente fiscal, es que usen recursos de endeudamiento para pagar sueldos.
Frente a esa posibilidad (que ya es realidad en algunos distritos), la Casa Rosada dispuso un adelanto de coparticipación de hasta $400.000 millones para doce distrito, bajo la modalidad de préstamo con una tasa cercana al 15%, “muy por debajo de lo que cobraría el mercado”. El límite se fijó en $400.000 millones.
La medida se formalizó a través del decreto 219/2026, que establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026, con intereses y mediante la afectación de recursos coparticipables. La norma lleva las firmas del Presidente, de Caputo y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El anticipo fue autorizado para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán. En enero ya lo usó Entre Ríos.
El ministro del Interior, Diego Santilli -interlocutor de los gobernadores- negoció este esquema con Caputo. Los mandatarios le vienen insistiendo sobre el resquebrajamiento de sus finanzas.
La otra víctima de las complicaciones económico-financieras es la inversión pública. Las provincias, aunque menor ritmo, ejecutaron obras el año pasado. En el actual, el volumen se redujo aun más. Con la Nación retirada, el empeoramiento de la infraestructura vial es notable.
El reclamo por este punto por parte de los gobernadores viene desde los primeros meses de la gestión de Milei y nunca cesó. A fines del año pasado, Rogelio Frigerio planteó que el acceso a financiamiento internacional permitiría avanzar con obras propias a las provincias y, aunque los mandatarios que salieron al mercado, enuncian ese objetivo el primero es alargar plazos de pago de otras deuda.
La semana pasada, el santafesino Maximiliano Pullaro celebró el traspaso de la ruta nacional A012 a su órbita. El ministro Caputo hizo el anuncio en la Bolsa de Comercio de Rosario y el mandatario destacó: “La Provincia asume una tarea postergada por años que le complica la vida a decenas de pueblos y miles de santafesinos que la transitan a diario”.
