Sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz dijo que “las mujeres son su debilidad” al inicio del plenario de comisiones en el que se estaba tratando la reforma a la Ley de Glaciares.
Como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario expresó que aceptaba una propuesta para conformar las autoridades que quedaban pendientes.
Pero lo insólito fue la razón que esgrimió para justificar su aceptación del pedido, que catalogó como una “excepción”. “Vamos a aceptar a las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, se le escuchó decir al santafesino.
Ante la insinuación de un reclamo por parte de un diputado oficialista, explicó que el proceso de conformación de autoridades aún “no estaba cerrado”.
La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside José Peluc junto a la de Asuntos Constitucionales que encabeza Nicolás Mayoraz avanzaban en la tarde de este martes con el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares.
De qué trata la ley de Glaciares
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.
Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.
Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación.
