La universidad pública agoniza en la Argentina de Javier Milei. Además del profundo recorte al presupuesto para funcionamiento de la educación superior, la motosierra presidencial ha reducido drásticamente los salarios que cobran los profesores. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los dos años y tres meses que lleva el Gobierno ultra, los sueldos de docentes y demás trabajadores de universidades han sufrido “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%”. Mientras los sindicatos realizan paros y protestas, y la actividad académica no ha podido comenzar con normalidad este año, el efecto directo del ajuste es un creciente fenómeno que desangra a las casas de estudios: las renuncias de profesores. Muchos se van del país, muchos pasan a trabajar en universidades privadas, otros abandonan la docencia. Junto al drenaje de profesionales altamente capacitados, en cuya formación el mismo Estado que los expulsa había invertido durante años, avanza también el pluriempleo de los profesores.

“Nunca estuvimos tan mal como ahora”, define Franco Bartolacci, presidente del CIN. “Siempre hubo dificultades, pero el escenario actual es crítico, muy delicado”, advierte. “Lo más angustiante y urgente a resolver es la cuestión salarial. Más del 60% del personal docente cobra menos de 500.000 pesos por mes [unos 360 dólares, al cambio actual]. Es una miseria”.

Con apoyo de las autoridades universitarias, los sindicatos de profesores y de trabajadores no docentes reclaman un aumento salarial de entre el 45 y el 50% para recuperar el poder de compra perdido, es decir, para volver al nivel de fines de 2023. “Lo que tiene que hacer el Gobierno para solucionar esto es muy sencillo, tiene que cumplir con la ley”, dice Bartolacci, que dirige la Universidad Nacional de Rosario. La ley de financiamiento universitario fue aprobada el año pasado por el Congreso para recomponer las asignaciones dirigidas a las 64 universidades nacionales, donde estudian más de 2,1 millones de alumnos. Milei vetó la ley, los legisladores la ratificaron y aún así el Ejecutivo se niega a aplicarla, pese a que ya en dos instancias la justicia le ordenó que la cumpla.

“Hemos tenido más de 200 renuncias de docentes en los últimos dos años, sobre una planta de 1.700”, lamenta Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “A muchos los perdemos a manos de la industria, pero la mayoría se va a trabajar a universidades privadas, que terminan beneficiándose con profesores en los que el Estado argentino invirtió millones de pesos de sus escasos recursos”, agrega.

Los profesores más afectados por el desplome de los salarios son los que tienen dedicaciones exclusivas, de 40 horas semanales de enseñanza e investigación. El sistema universitario argentino contempla también dedicaciones simples (10 horas semanales) y semiexclusivas (20 horas). A nivel nacional, en las universidades se desempeñan unos 160.000 docentes. El 70% de sus cargos son simples, el 17,5% semiexclusivos y el 10% exclusivos, según las últimas estadísticas oficiales.

En la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas (UBA), “la situación es desesperante”, dice su decano, Guillermo Durán. “Nosotros tenemos un 80% de docentes con dedicación exclusiva, o sea que viven de su salario en la universidad. Son personas con doctorados o posdoctorados que están cobrando entre 1 millón y 1,5 millón de pesos [entre 720 y 1.080 dólares]. Les alcanza para vivir hasta el día 20 del mes... Y en una universidad privada pueden ganar 6 millones”. Un año atrás, dice Durán, la facultad ya había perdido una décima parte de su plantilla.

Las renuncias docentes se están registrando en universidades de todo el país; autoridades y sindicatos lo han advertido en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Tucumán y Tierra del Fuego, entre otros distritos. Hasta ahora, no se ha contabilizado el impacto general de las dimisiones de los últimos dos años. La estadística no es sencilla, porque ante cada salida se produce un reemplazo y la cifra total no se modifica. Tampoco es fácil, a corto plazo, medir sus consecuencias en la calidad educativa: los bajos salarios solo pueden atraer, en el mejor de los casos, a quienes están comenzando su carrera académica.

Sí hay un conteo del drenaje de personal en el sistema científico argentino, que engloba a los investigadores de universidades y también a los de otros organismos. Según detalló el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, allí se perdieron 5.701 empleos entre la asunción de Milei y enero de este año, cuando pasaron de 75.057 a 69.356. La cifra reúne renuncias, cesantías y contratos finalizados; no incluye licencias. “El sistema perdió 7,5 científicos por día desde el 10 de diciembre de 2023”, resume el informe.

Fuga de cerebros

Europa y Norteamérica han sido, históricamente, un destino habitual para la fuga de cerebros desde Argentina. En el último tiempo se está sumando China. Hacia allí viajó Santiago Cordisco, un biotecnólogo de 40 años, formado en la universidad pública argentina, doctorado en ciencias biológicas y especializado en neurociencias y electrofisiología. Hasta 2024 se desempeñaba como docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y era becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet). “Los sueldos eran relativamente buenos. Yo podía vivir solo, alquilar y hasta ahorrar un poco”, cuenta. Tras el ajuste aplicado sobre el Conicet, no pudo continuar su carrera como científico y, solo con el sueldo de docente universitario, no alcanzaba. Fue contratado por un hospital de Shanghai y participa en la instalación de un nuevo laboratorio. “Es mucha la diferencia de sueldo. Voy a quedarme un tiempo más para juntar plata y volver con otro plan que no sea seguir en ciencia”, dice.

En simultáneo con las renuncias y los pedidos de licencia, entre los docentes universitarios aumenta también el pluriempleo.

“Casi todos los docentes estamos haciendo cosas extra... Los que seguimos dando clases en la universidad lo hacemos por vocación, porque nos gusta, pero económicamente ya no rinde”, asegura Juan Manterola, profesor de historia, 36 años. Trabaja en las universidades nacionales de General Sarmiento y de Moreno, también en dos escuelas secundarias. “El deterioro de mis ingresos lo empecé a sentir a principios de 2024 y nunca más me recuperé. Para octubre de ese año empecé a trabajar con mi auto en Uber”, dice. De lunes a viernes enseña; los viernes y los sábados por la noche sale a conducir. “Lo uso como método para poder llegar a fin de mes”, explica. “Pero cada vez rinde menos, hay mucha gente haciendo lo mismo”. La última semana se le rompió el auto y tuvo que pedir un crédito personal para repararlo.

“Para mitad del año pasado ya no pude seguir pagando el alquiler”, relata Tatiana Terek, de 25 años. Es licenciada en educación y tiene dos cargos, uno como coordinadora académica de una especialización en la Universidad Nacional de Lanús y otro como asistente pedagógica en la UNAJ, en ambos casos bajo contrato. “Es una situación de mucha precariedad”, cuenta. “Obviamente, tuve que salir a buscar otro trabajo que me diera cierta estabilidad entre comillas”. Consiguió otro cargo en un instituto de formación docente estatal, pero aún así no alcanza para alquilar un departamento por su cuenta y afrontar sus gastos. “Somos muchos los que tuvimos que tomar más horas para poder llegar a fin de mes”, asegura. “Tengo compañeros que para mantenerse tuvieron que endeudarse con bancos o con billeteras virtuales”.

Para Bartolacci, el presidente del CIN, “todo esto, tanto el pluriempleo como las renuncias, va deteriorando progresivamente la excelencia del sistema universitario nacional”. En ese contexto, la comunidad académica continúa reclamando que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento. Desde mediados de marzo, cuando debían comenzar las clases, los sindicatos de docentes y no docentes, con apoyo de las federaciones estudiantiles,están protagonizando huelgas y protestas. El último viernes desarrollaron clases públicas en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Bajo la consigna “la universidad no se apaga”, el próximo miércoles, desde las 8, las casas de estudios nacionales se mantendrán abiertas durante 24 horas, con actividades culturales, científicas y de extensión: “Sin financiamiento y sin salarios dignos”, reza la convocatoria institucional, “lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando. No lo permitamos”.