Através de un procedimiento administrativo que tuvo distintos pasos, la Cancillería renovó un contrato vigente desde 2018 con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés al personal diplomático. La firmante del contrato por la entidad educativa es María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según la información, publicada originalmente por la agencia de noticias NA y confirmada por fuentes oficiales, “la contratación se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad”. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por el que la esposa del ministro es considerada persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), quienes dieron el aval para la operación luego de la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, por el cual las partes se comprometen a no solicitar ni aceptar dinero o cualquier tipo de dádiva derivada del vínculo. El contrato, a propuesta este año de la propia Roulliet, asciende a poco más de $113 millones, y abarca el dictado de clases y cursos para un total de 132 agentes a capacitar desde marzo a noviembre de este año, entre cursos regulares, talleres y test de nivelación.

Según informó el cable de la agencia noticiosa, en la tramitación del expediente intervinieron distintos estamentos de la Cancillería, como la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, más la Dirección del Instituto del Servicio Exterior (Isen). La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, y el acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.

El portal COMPR.AR registra, además, una contratación previa de 2024, en la que no figura agregado un pacto de integridad. Desde el Gobierno afirmaron que, en el momento de la ejecución del contrato, a principios de ese año, “Sturzenegger no era ministro”, aunque sí fungía como asesor ad honorem del presidente Javier Milei en la instrumentación de la ley Bases. También acotaron que aquella contratación “comenzó antes de que Milei fuera Presidente” y que se aprobó “para el comienzo de las clases”.

Conocida la información, y en el mismo sentido, el canciller Pablo Quirno defendió la contratación a través de las redes sociales. “!No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal. En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo”, escribió el canciller en su cuenta de X. El jefe de la diplomacia nacional afirmó que el matutino Página 12 “escribió la nota que generó las dudas desde el título aunque leyendo la propia nota te das cuenta que ha sido todo manejado de manera correcta”.

Otros altos funcionarios prefirieron explicar a este diario, en estricto off the record, que “todo surge por hacer las cosas bien” a través del Pacto de Integridad. Sostuvieron que se trata del “mismo monto acordado en 2018” (cuando gobernaba Cambiemos, con Mauricio Macri) y actualizado por la inflación, además de sospechar de una “operación” del kirchnerismo contra Sturzenegger “por impulsar proyectos como la reforma laboral”.

Desde ese sector, la senadora Juliana Di Tullio (FPV-Buenos Aires), calificó el contrato como “un choreo de acá a Júpiter”, e ironizó al afirmar que “la familia de Sturzenegger capaz que es la única que tiene la “especialidad” de hablar inglés, digamos todo”. Prometió hacer “la denuncia correspondiente”, aunque desde el Gobierno reiteraron que “se dieron todos los pasos legales” en la contratación de la entidad educativa con sede en la calle Suipacha al 1300.