Mediante el decreto 446/2025 el Gobierno nacional modificó el marco regulatorio del gas envasado y limitó la intervención estatal a la fiscalización de seguridad, dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda, mediante el Decreto 446/2025. La decisión se toma en medio de la ola polar que afecta al país y que ha llevado a que se restrinja el suministro a industria y estaciones de servicio. En ese contexto, el diputado nacional Julio Cobos tildó de "insensible" al gobierno por el efecto que tiene la medida en el precio de la garrafa social.
"En Argentina el 48,6% tiene gas de red y el 43,9% garrafas. Algo menos de la mitad de la población no tiene acceso a la red de gas natural, que es un servicio público. En este contexto -y en invierno- el gobierno nacional no tiene mejor idea que liberar el precio de la garrafa social", cuestionó el legislador nacional.
En este sentido, Cobos afirmó que la preocupación del Ejecutivo debería estar enfocada en garantizar el suministro de gas natural a todos los argentinos.
"En lugar de unir esfuerzos para extender la red de gas y redireccionar, su política de desinversión afecta a los habitantes, fundamentalmente a los de menos recursos, restringiendo el uso del gas licuado y tomando medidas que aumentarán su precio. Sensibilidad ausente", aseveró.
La normativa, que desregula el mercado de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), restringe la tarea de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación “exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes”.
En este sentido, dispone que dicha labor se debe desempeñar “sin interferir en aspectos operativos que competen al funcionamiento del mercado, evitando intervenir en decisiones vinculadas a precios, oferta y demanda, las cuales deben quedar regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado, que constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector”.
