Investigación
Caso Nisman: citan a 90 militares de Inteligencia que trabajaron con Milani
La fiscalía maneja la hipótesis de que el asesinato de Alberto Nisman fue planeado y ejecutado desde sectores de los servicios de inteligencia.
La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, que está investigando la muerte del fiscal Alberto Nisman, que a su vez investigaba el atentado perpetrado en 1994 contra la AMIA, analiza citar a 90 militares de Inteligencia que trabajaron bajo las órdenes de César Milani cuando ocurrió la muerte del fiscal federal.
Según informó Todo Noticias, de llegar a concretarse la medida, los llamados comenzarían a concretarse en agosto. Dichas citaciones se concretarán luego del envío a la Justicia de archivos secretos de la SIDE por la investigación de la muerte de Nisman.
La mayoría de los militares citados sigue en actividad, e incluso muchos de ellos continúan en el área de Inteligencia, confirmaron a la justicia desde el Ministerio de Defensa a diario Clarín.
La fiscalía maneja la hipótesis de que el asesinato de Alberto Nisman fue planeado y ejecutado desde sectores de los servicios de inteligencia. En aquel momento, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) se encontraba en medio de una guerra interna, desatada tras la expulsión del jefe de agentes Antonio Stiuso.
A esto se sumaba la inteligencia paralela del Ejército, liderada por Milani, a quien Cristina Kirchner había posicionado al frente del sistema de inteligencia nacional.
Cómo sigue la causa de la muerte de Nisman
La investigación por la muerte que marcó un antes y un después en la Argentina sigue, a nueve años, lejos de arrojar luz sobre lo que realmente sucedió ese 18 de enero de 2015 dentro del departamento del fiscal federal Alberto Nisman.
Si bien para la Justicia se trató de un asesinato, no se pudo determinar quién o quiénes lo perpetraron. Sólo se sabe que Nisman murió por un disparo en la cabeza y que el técnico informático Diego Lagomarsino le entregó el arma.
Cinco años y medio atrás, la Gendarmería Nacional -que dependía por entonces de la ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bulrich- dictaminó que Nisman había sido asesinado.
Desde entonces, para el juez Julián Ercolini y el fiscal Edudardo Taiano, hay identificado un solo responsable: Lagomarsino, un empleado de la UFI AMIA y quien le proveyó el arma de la que salió el tiro mortal.
El técnico informático que podría haber sido el último que lo vio con vida es considerado partícipe necesario del supuesto homicidio ocurrido nueve años atrás. Por el momento no fue condenado ni estuvo preso.
En los últimos meses la novedad tiene que ver con la orientación de la causa hacia el mundo del espionaje que rodeó ese 18 de enero a la muerte del fiscal, quien falleció días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán por el atentado a la AMIA.
El final de Nisman se conoció horas antes de que el fiscal tuviera prevista una reunión con diputados en el Congreso para dar detalles de su denuncia, que se basada en la firma del memorándum de entendimiento con Irán de parte del gobierno de ese entonces.
La pista de los espías que actuaban por fuera de la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el foco por estas horas de la causa que impulsa Taiano. El fiscal solicitó informes a la ex Side sobre quiénes reportaban de manera inorgánica en ese momento, pero todavía no obtuvo respuesta: entre las hipótesis está que Lagomarsino pudo haber sido parte de ese grupo.
Además, en los últimos tiempos se sumó la aparición pública de Ariel Zanchetta, un ex policía que fue detenido por espiar a jueces y otros dirigentes. La relación con el caso Nisman se basa en que le fue secuestrada una computadora en la que había información del fiscal y la versión que se abona es que era espiado antes de su muerte.
Para desovillar esa hipótesis la Justicia deberá recibir la colaboración de la Inteligencia, hoy a cargo de Silvestre Sívori. Dentro del Gobierno de Javier Milei hay opiniones dispares sobre los que sucedió ese día. Bullrich considera que se trató de un homicidio, mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostiene que fue un suicidio.
