Justicia
En 10 días, Cristina y el resto de los condenados, deberán devolver U$S 537 millones
El juez Gorini indicó que el decomiso dispuesto a "consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer de ejecución de los bienes".
Después del informe entregado por el cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema con la actualización del monto que debe ser decomisado a los condenados por corrupción del caso Vialidad, el juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena-, rechazó los números expresados por el perito de Cristina Kirchner y también de los que representaron a la fiscalía. El juez determinó que los condenados, deberán devolver $ 684.990.350.139,86, tal como sostuvieron los peritos de la Corte e intimó a que se pague la cifra en los próximos 10 días hábiles. Tomando el dólar oficial, son U$S 537 millones.
"Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $ 684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente", sostiene la resolución a la que accedió el diario Clarín.
Asimismo, el juez Gorini indicó que de acuerdo con el decomiso dispuesto a "consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".
En este sentido, el Tribunal ordenó que se libre oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina “para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión”
El juez Gorini también ponderó -además del informe de los peritos de la Corte-, el informe de los especialistas en representación del Ministerio Público Fiscal, que expusieron seis cálculos diferentes: el de mayor valor es el calculado con el CER - BCRA por $723.890.304.604,90. Después, utilizando para actualizar el índice de inflación del INDEC, llegaron al mismo valor que los peritos oficiales: $ 684.990.350.139,86.
En contraposición a esos valores, se estudió de igual manera los cálculos realizados por el perito que asumió en representación de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain. El decomiso, según el perito de parte, es inferior al valor de base.
Cuando Gorini solicitó que se actualice el valor del dinero que deberán devolver de forma solidaria los nueve condenados, fijó como punto de partida $ 84.835.227.378,04. Dicha cifra corresponde al perjuicio ocasionado que se estableció cuando se dictó, en diciembre de 2022, la sentencia condenatoria.
Para el perito Gaincerain, Cristina Kirchner y los demás condenados, debían responder por un decomiso que asciende a $42.494.357.845,17.
Con la cifra puesta, el juez que ejecuta la pena está en condiciones de proseguir con el recupero del dinero que representó la maniobra de corrupción que le significó a Cristina Kirchner su primera condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
Considerando que están dadas las condiciones, el magistrado notificó a los nueve condenados del caso Vialidad, a que en el plazo de diez días hábiles depositen de forma voluntaria, los 537 millones de dólares. Éste plazo vence dos primeras horas del 13 de agosto.
Si no se cumple el plazo que determinó la justicia, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso del caso Vialidad.
Con el número del decomiso oficializado, el juez Gorini adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.
En lo que respecta a los embargos ordenados sobre bienes muebles, considerando que las sumas garantizadas mediante dichas medidas superan en todos los casos el valor de los bienes cautelados, “una nueva inscripción registral -por el monto de la suma dineraria sujeta a decomiso- resulta innecesaria”, resolvió el magistrado.
En esta misma línea el juez se refirió al pedido del fiscal Diego Luciani sobre Claudia Insaurralde, quien contaría con un poder concedido por Lázaro Báez -desde la cárcel-, para administrar propiedades pese a que las mismas se encuentran cauteladas.
“Líbrese oficio a la Cárcel de Río Gallegos para que, en términos ampliatorios de lo requerido a través del decreto de fecha 25 de junio pasado, en lo sucesivo, y ante situaciones análogas a la acaecida el día 24 de junio de 2025, se proceda al inmediato y completo registro fotográfico de todo documento que pretenda ser ingresado a la unidad, que deberá ser elevado al tribunal con la premura del caso”, dijo en la resolución.
Se trata de los documentos con los que vieron a Claudia Insaurralde ingresar a la U15 donde se encuentra detenido el ex socio comercial de Cristina Kirchner.
En concreto, “se habrá de requerir se ahonde con el mayor detalle posible en relación a los bienes inmuebles que conforman el acervo patrimonial de las fallidas, se identifique de forma fehaciente aquellos que ya hubieren sido realizados y se informe el estado procesal actual de todo aquél otro que se encuentre cautelado a disposición de aquella judicatura”.
