El presidente Javier Milei se enfrenta a un desafío político significativo tras la aprobación en el Congreso de las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Ante su firme decisión de vetarlas, el oficialismo explora tres estrategias para sortear este complejo escenario.
La primera vía es sostener el veto presidencial y resistir en el Congreso. Para ello, el Gobierno buscará consolidar al menos un tercio de los votos en una de las cámaras, lo que le permitiría impedir que el Congreso insista con las normas aprobadas. Un precedente de 2024, cuando se logró mantener un veto a la movilidad jubilatoria gracias a alianzas puntuales y ausencias opositoras, sugiere que esta estrategia podría ser viable.
En caso de que el Congreso logre reunir los dos tercios necesarios para ratificar las leyes, el Ejecutivo evalúa la opción de judicializar la sesión. Argumentaría posibles irregularidades en el procedimiento legislativo para ganar tiempo. Sin embargo, esta estrategia es cuestionada por constitucionalistas, quienes señalan la falta de una base legal sólida para impugnar el proceso una vez que se han superado las mayorías reglamentarias.
Finalmente, el Gobierno buscará recomponer sus vínculos con los gobernadores. Estos actores son clave, dado su peso en la votación de proyectos que impactan directamente en las arcas nacionales. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, ha adoptado un tono más conciliador, indicando que "siempre hay margen para el diálogo" y diferenciando a los mandatarios provinciales en su administración de fondos.
El desenlace de esta pulseada no solo determinará el futuro inmediato del paquete fiscal y previsional, sino que también pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sostener su programa en un contexto de minoría parlamentaria y creciente tensión institucional.
