El dirigente social Juan Grabois fue detenido hoy tras liderar la ocupación del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón junto a un grupo de militantes. El hecho ocurrió en el marco de un operativo policial para desalojar el inmueble, y generó un fuerte repudio por parte del Gobierno nacional.
El sábado, Grabois anunció la ocupación del edificio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, a través de sus redes sociales. En su publicación, afirmó que "la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de (Javier) Milei". El referente de Patria Grande hizo referencia a ataques históricos y recientes contra símbolos peronistas, y concluyó su mensaje con un llamado a la fidelidad a la historia y a la defensa de la herencia peronista.
Horas después de la ocupación, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado repudiando el accionar de Grabois y acusándolo de "irrumpir con violencia". El ministerio detalló que el Instituto Juan Domingo Perón, a pesar de ser un centro de investigación, destinaba la totalidad de su presupuesto (más de 400 millones de pesos anuales) al pago de salarios y mantenimiento, sin haber realizado investigaciones que justificaran su propósito.
Capital Humano también informó que, tras la disolución del organismo mediante el decreto 346/2025, se tomaron medidas para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto, inventariando todos los bienes para su eventual destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación. El comunicado oficial enfatizó que estas acciones de salvaguarda evitaron "daño, destrucción o desaparición" del patrimonio por parte de quienes "irrumpieron con violencia" en el inmueble.
Cabe destacar que, junto con el Instituto Juan Domingo Perón, el decreto 346/2025 también dispuso la disolución de la "Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón". Tras conocerse esta medida, el Partido Justicialista (PJ) denunció una "persecución ideológica" por parte del Gobierno, calificando el cierre de los institutos como "discrecional y abrupto" y solicitando que el patrimonio de los organismos quede bajo la custodia del partido que preside Cristina Kirchner.
