Línea delgada
¿Bozal legal o censura? el debate que abre el caso de Hebe Casado
La vicegobernadora denunció a usuarios que la cuestionan en las redes y la justicia les prohibió que la sigan mencionando. También se emitió una restricción de acercamiento porque siente que su integridad física está en riesgo.
El Ministerio Público Fiscal dispuso un bozal legal para distintos ciudadanos que fueron denunciados por la vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado. En concreto, se les prohibió mencionar a la funcionaria en las redes y se emitió una restricción de acercamiento por lo que esas personas no pueden estar a menos de 500 metros de la vicegobernadora. Esta mañana Hebe Casado justificó la denuncia afirmando que siente que su integridad física está en riesgo y afirmando que es víctima de difamaciones basadas en "fake news" que esos ciudadanos comparten en las redes.
La línea entre la persecución y la aplicación de la ley parece tornarse difusa en este caso. La vicegobernadora habló esta mañana en radio LV 10 y denunció que estas personas "están intentando socavar la gestión a partir de informaciones falsas y fake news". Pero no todos los ciudadanos que fueron "silenciados" han tenido el mismo comportamiento en las redes. Algunos denuncian irregularidades en la gestión de Casado en el Senado, pero otros solo reclaman por la falta de respuesta del gobierno ante problemáticas que viven en sus barrios. En ese segundo grupo aparece el vecino de Godoy Cruz, Federico Ríos, que desde hace años exige mejoras urbanísticas y de seguridad en la zona de la autovía Marciano Cantero.
Ríos ha compartido en varias oportunidades capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con dirigentes políticos que alguna vez se preocuparon por buscar una solución a esos problemas, pero que con el paso del tiempo lo olvidaron o no hicieron nada para resolver la situación. Entre ellos, la vicegobernadora Hebe Casado. Ahora, la justicia le prohibió mencionarla en redes y acercarse a ella porque en algunos posteos la calificó como "hipócrita, mediocre o sucia". Ríos admite que le ha escrito a Casado al teléfono que ella le facilitó cuando pretendía ayudarlo.
Distinto es el caso de Marcos Adrián Neirotti y Javier Alejandro Fernández, ciudadanos que Hebe Casado afirma "son financiados por algún grupo político". "Desde el inicio de la gestión están intentando socavar la gestión a partir de informaciones falsas y fake news. Han intentado ingresar a mi despacho por la fuerza haciendo filmaciones. Tienen tenencia de armas. Yo creo que no están bien psicológicamente. Está en riesgo mi integridad física y frente a eso pedí la restricción de acercamiento de esas personas", advirtió Hebe Casado en diálogo con el periodista Marcelo Torrez en LV 10.
Sin embargo, el planteo de Casado encierra un riesgo grave. Tildar de "fake news" a los cuestionamientos es una forma de descalificar acusaciones que, en muchos casos, tienen sustento. ¿Es la vicegobernadora la que tiene el poder de decidir qué es real y qué es falso?
En la entrevista que dio en LV 10 quedó en evidencia esta situación. El periodista Marcelo Torrez le preguntó por el caso de una podóloga que cobraría 3 millones de pesos por mes en el Senado y la vicegobernadora respondió con evasivas. "Si cobra eso la podóloga la verdad es que un montón. No sé por que me expongo tanto si cobro igual que ella", fue la respuesta de Casado.
Pero no se trata de una noticia falsa. Nancy Raquel Corvalán es podóloga y fue nombrada por Hebe Casado como asesora en Producción, Presupuesto, Planificación, Enlace y Territorio con funciones de Coordinación en la Zona Sur. A la funcionaria, que aparecía en las listas internas del PRO dentro del sector de Hebe Casado, se le asigna clase presupuestaria 8916, la más alta del escalafón. La misma equivale al 86% del sueldo que percibe el gobernador, por lo cual es cierto que supera los 3 millones de pesos.
Otra de las denuncias que han hecho Neirotti y Fernández es que la empresa de limpieza que presta servicios en el Senado, Santa Negrita, está a nombre de otros integrantes de la lista que Hebe Casado presentó en las internas del PRO. Es decir, se contrató a una empresa que pertenece a quienes representaban a la lista de Hebe Casado en el departamento de Rivadavia.
La decisión del fiscal Gustavo Stroppiana de prohibir que sigan mencionando a Casado en las redes abre el debate sobre hasta que punto se viola el derecho a la libertad de expresión. ¿Puede la vicegobernadora denunciar y callar a todo el que exponga situaciones incómodas para su gestión?
A muchos les ha llamado la atención que sea Hebe Casado la que inicie esta acción judicial. Sobre todo porque se trata de una persona que usa de forma frecuente las redes y de forma filosa. En términos infantiles: "Hebe Casado le hace a otros lo que no le gusta que le hagan".
Esta causa sienta un precedente complejo y baja un mensaje que raya la censura. El que se anime a criticar puede terminar preso. Más allá de si tiene o no razón. "Está todo bien con la libertad de expresión pero no decir mentiras y hostigar a la gente. Creo que tuve mucha paciencia y pasaron un límite", subrayó Casado pero se arrogó la autoridad para determinar qué es mentira y qué es real.
"Esta gente busca pelos en la sopa donde no los hay. Publican cosas que no corresponden como sueldos. Publican datos particulares que no deben ser publicados", se quejó la vicegobernadora.
