El Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal 2 rechazó hoy visitas no autorizadas en la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus abogados denunciaron que esa decisión constituye un “delirio autoritario” y una “aberración”.
Con esa resolución, el TOF “obliga a toda persona que no sea familiar directo, abogado o médico de Cristina Fernández de Kirchner a pedir permiso por escrito para poder visitarla en su domicilio”, reprochó el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la ex mandataria en causas civiles.
“Aunque Carlos Beraldi ya impugnó judicialmente esta aberración por ser violatoria de los derechos humanos, del principio de igualdad ante la ley y del derecho a la vida familiar y social, el daño ya está hecho: el TOF 2 decidió jugar a Gran Hermano Judicial, y ahora deberá enfrentar las consecuencias de haber convertido la justicia federal en un buzón de permisos ilegítimos”, expresó Dalbón desde sus redes sociales.
Dalbón reseñó que “el TOF 2, en una decisión que solo puede explicarse desde el delirio autoritario, obliga a toda persona que no sea familiar directo, abogado o médico de Cristina Kirchner a pedir permiso por escrito para poder visitarla en su domicilio”.
“Sí. Leíste bien. Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa. Como si fuera culpable de existir”, añadió.
Por eso se manifestó a favor de que “el pueblo ejerza su derecho; que el tribunal se haga cargo de la casilla que ellos mismos decidieron saturar; que quede escrito, digitalmente, el tamaño de esta humillación institucional. No es Cristina la que está aislada. Son ellos los que se han desconectado de la democracia”.
La defensa de la detenida ex presidenta había entregado hoy al TOF 2 el listado de personas cuyas visitas debían recibirse sin necesidad de autorización en su prisión domiciliaria, al pedir que fuera una nómina de “carácter reservado”.
El abogado de la ex presidenta, que cumple condena en la causa Vialidad, entregó la lista, limitada a parientes cercanos, custodios, abogados y médicos personales, como dispuso el tribunal cuando le concediera la prisión domiciliaria en el domicilio de San José 1111.
La ex presidenta quedó con condena firme por administración fraudulenta a seis años de prisión tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia y se le otorgó el arresto domiciliario.
Para ello se le colocó ya una tobillera electrónica y puede salir al balcón y usar redes sociales sin limitaciones, aunque debe sin embargo “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”, resolvió el Tribunal cuando se le dio la domiciliaria.
