"Tenemos que empezar a dar esas discusiones en mediano y largo plazo"

-El tren de cercanía se va a hacer  con los fondos de resarcimiento por el perjuicio que sufrió Mendoza con la promoción industrial. De allí también saldrán cerca de 200 millones de dólares para las mejoras en el Acceso Sur, en el Acceso Este. Hace menos de seis años Alfredo Cornejo destacaba que usar esos fondos para Portezuelo del Viento evitaba que se gaste en obras que no impacten en la economía y citaba el ejemplo de La Pampa. Sin embargo, ahora vemos que se amplió el destino que se le puede dar a ese dinero. ¿Qué cambió de aquellas declaraciones del 2018 a hoy? 

-A ver, nosotros nos podemos comparar contra nosotros mismos o contra otras provincias. Nosotros ya tuvimos una indemnización de esta característica como mendocinos, que fueron las regalías mal liquidadas en los 90. Fueron, a plata de hoy, el doble de los 1.000 millones de dólares. Eran casi 800 millones de dólares, que a valores de hoy serían 2.000 millones de dólares. No creo que nadie pueda responder si yo le pregunto a cualquier mendocino, ¿a dónde está esa plata? Yo no digo que haya sido desfalco, lo que digo es que no tuvo ninguna trazabilidad. No sabemos en qué se usó. La Constitución y  las leyes vigentes, permiten que el gobierno de turno ejecute el dinero que está disponible. Esa es la realidad de las finanzas públicas. Algunos dicen que con ese dinero se creó el fondo para la transformación o se dieron créditos. Pero lo cierto es que no podemos verlo. Decir “mirá, aquí se construyó esto, mejoramos esto, esta fábrica se construyó gracias a un crédito que se dio”. No lo sabemos, y con dos bancos quebrados. Ahí nació el Bono Aconcagua que integra el stock de deuda que tiene la provincia. Eso nace en ese momento, en el año 97/ 98. Esa es la última vez que nosotros tuvimos un fondo líquido disponible para la provincia. 

¿Qué nos propusimos nosotros? Primero ustedes acuérdense que esto era un juicio por la promoción industrial, por los perjuicios que tuvo la provincia por la promoción industrial. En aquel momento Julio Cobos con Néstor Kirchner deciden hacer una transacción. Digamos que el pago del resarcimiento iba a ser a través de una obra, que era Portezuelo del Viento. En ese momento (2006) se calculó un costo de 370 millones de dólares. Nunca se cumplió y llegamos al año 2016 en el que el gobernador Alfredo Cornejo le encarga a EMESA actualizar los números para sentarse con el presidente Mauricio Macri  a renegociar esa deuda. Y fue así que pasamos de 370 millones de dólares a 1023 millones de dólares, porque agregamos el costo de la ruta, agregamos el traslado del pueblo que había que remover ahí y reubicar, la línea eléctrica, etc. Esa historia es más reciente y nosotros que somos más contemporáneos ya la conocemos. Se hizo una licitación, se pidió en el Coirco la posibilidad de hacerla, laudó el presidente Macri a favor de la provincia diciendo que los estudios ambientales que estaban hechos eran los que hacía falta y que eran suficientes porque lo había hecho la Universidad del Litoral, una universidad totalmente neutra. La Pampa siguió insistiendo para que se hagan nuevamente los estudios. Cambió en aquel momento el gobierno nacional, cambiaron los gobernadores, y el presidente Alberto Fernández desarchiva el laudo que había hecho Macri y dice lo contrario: ordena hacer nuevos estudios de impacto ambiental.  Eso patea los plazos a cualquier lugar. Pero el secreto de esa renegociación no era solamente que pasó de 370 millones de dólares a 1.023 millones de dólares, sino que se emitió un bono que no se podía defaultear. Alguien que trabajó mucho en eso fue Lisandro Nieri. Es decir son 1.023 millones de dólares, pero también se hizo un flujo de cómo podrían ser los pagos de la obra y en base a esos pagos de la obra se definieron 5 años para el repago de la nación a la provincia. Se estableció que sería en un bono en el que Mendoza es la única acreedora. Imagínense las ganas de defaultear esos bonos que tuvieron durante 4 años Sergio Massa  y Alberto Fernández…pero no pudieron porque teníamos ley Nueva York y si defaulteaban se lo cobrábamos a la nación afuera. Entonces no solamente que pasamos de 370 millones de dólares a 1.023 millones de dólares, sino que lo cobramos. Lo terminamos de cobrar en el año 2024.

En el medio se frustra  la licitación y se sienta Cornejo como gobernador de la provincia con Javier Milei como presidente de la nación. Le dice “tenemos estos fondos, ya los tenemos en la provincia, tenemos una limitación porque están destinados a una obra que ahora tiene un final incierto porque hay que hacer un nuevo plan de impacto ambiental”.  Y el mismo gobernador en la conversación con el presidente de la nación dice cambiamos el destino pero por favor dejemos escrito que tiene que ser con destino a inversiones productivas. Porque en definitiva es una indemnización. Primer requisito que se auto impone el gobernador en la negociación con el presidente es que sean para el desarrollo productivo. Sobre esa limitación, el gobernador internamente introdujo una nueva limitación -que en realidad es más que nada una aspiración- de decir “vamos a priorizar obras que tengan repago, para que los fondos que se utilicen de a poco puedan volver a recuperarse y no sean fondos que utilice un solo gobierno o una sola administración”. Es una política de Estado que se mantenga en el tiempo, gobierne quien gobierne y que siempre tengamos un plan de infraestructura básica para llevar adelante. 

Y todos los proyectos que se están financiando con los fondos del resarcimiento tienen esa manda. Primero que están destinadas a mejorar la producción de la provincia y segundo intentar un repago. Ningún proyecto en sí tiene un 100% de repago, tienen distintos porcentajes de repago y nosotros cada vez que vamos a asignar una obra para financiar con el fondo de resarcimiento tenemos que fundar de qué manera y cuánto vamos a repagar. Y ese es el procedimiento que se viene llevando adelante. Esa es la trazabilidad de aquellos fondos que eran 370 millones de dólares  en un papelito y que fueron 1023 millones de dólares en un bono, que fueron cobrados y que hay dos límites autoimpuestos dentro del uso de esos fondos. Las obras que mencionaban recién tienen estas características. Son para el desarrollo productivo. Es tentador para la provincia dejar de hacer obras con fondos propios y usar los fondos del resarcimiento para escuelas, o viviendas. Era una posibilidad. Pero nuestra primera premisa es seguir manteniendo arriba del 10-12% la  inversión en infraestructura  prevista en el presupuesto.  Arrancamos en 3% en el 2015 y hoy estamos en el 12% con vaivenes como la pandemia. Eso nos permite tener a la vez tener esta inversión por afuera del presupuesto. No distraer la inversión pública básica que tiene que hacer la provincia con fondos comunes del tesoro, para reemplazarlo con esto.

-¿Cómo viene ese proceso en cuanto a que los municipios tienen que enviar proyectos? Porque en algún momento se cuestionó que al sur no le estaban llegando particularmente a Malargüe, porque en un principio la obra Portezuelo del Viento iba a ser ahí. 

-Una de las discusiones que dimos también fue desmunicipalizar la discusión, porque si nosotros ponemos fondos y hay 18 intendentes, que obviamente que se deben a sus votantes, van a tener su interés legítimo de reclamar una parte. Nosotros dijimos, miren, son fondos para aplicar de manera provincial y regional, no estamos viviendo el tamiz de si me toca la ruta a mi municipio y cruzar el municipio y de qué color político, etc…Nosotros tratamos de zanjar esa discusión y de hecho cuando hicimos el anuncio de las primeras obras están los 18 intendentes representados acompañando al gobernador y eso fue una conversación bastante seria y clara que pudo tener el gobernador con los intendentes y creo que se entendió esa forma de ejecutar los proyectos. Y después tenemos una realidad en la provincia que por ahí cuesta comunicar, cuesta mostrarla. Pero nosotros desde hace cinco años la priorización de la obra pública la hacemos en un banco de proyectos de la provincia. Un banco de inversiones que estaba previsto ya en la Ley de Administración Financiera en 8706 y que te diría que fue lo más elocuente que pudo surgir de aquel Consejo Económico y Social que se formó en el gobierno de Rodolfo Suárez en el que estaban distintas instituciones representada. Allí dijeron “¿por qué no vamos y vemos cómo estamos definiendo la prioridad de la obra para que no sea una prioridad política, electoral y todo lo que sucede generalmente?”. En el banco de inversiones, que lo puede consultar cualquiera, está dentro de la página del Ministerio de Hacienda. Allí se fijan distintos criterios para cargar proyectos. Vos tenés que fundamentar: Primero, ¿a quién beneficia? Segundo, ¿cuál es el costo? Tercero, ¿cuál es el beneficio económico, el impacto económico que tiene? ¿El beneficio si lo tiene o no productivo? De esa forma evitamos que se prioricen obras por pedido de 10 vecinos o que se priorice el lobby de intereses organizados de la provincia. La mejor forma de ordenar es establecer parámetros objetivos dentro del banco de proyectos. Ese banco de proyectos ya estaba previo a la utilización de estos fondos y es la forma en la que la provincia prioriza la inversión pública. 

Y ahora, con esta inyección de dinero, obviamente, pasa a tener otro tamiz porque de la cantidad de proyectos, cada vez hay más posibilidades de financiarlos. Y es por eso que los 18 municipios más todas las empresas que operan fondos públicos, como es Vialidad Provincial, como es Aysam, la misma STM, Irrigación, tienen acceso a ese banco para cargar los proyectos y determinar los lineamientos técnicos objetivos que se han puesto ahí. De hecho, si yo le pregunto a usted quién está hoy a cargo de ese banco, nadie lo conoce, no hay una persona con responsabilidad política, ni con ninguna aspiración más que una persona técnica del Ministerio de Hacienda que se encarga todos los días de trabajar sobre ese proyecto para poder tener una carga ordenada. Por lo tanto, obviamente, cuando vos llevas mucho tiempo y muchos va y ven en la inversión pública, al final lo que terminan faltando son proyectos. Y hay organismos que tienen más capacidad y que han venido haciendo proyectos con más frecuencia. Uno de ellos es Irrigación, otro de ellos es Aysam. Vialidad Provincial tiene los propios, un poco atrasados, porque estamos haciendo las obras como el Ruta 82 que había que hacer hace 20 años. Pero, en definitiva, para aplicar los fondos tenía que haber proyectos. Y, en definitiva, lo que se fue generando fue una prioridad en base a los proyectos existentes. Ahora, ¿cuál fue la discusión? Si vamos a hacer obras de Irrigación, perfecto, nadie duda que tenemos que mejorar la utilización del agua. Pero ahora el beneficiario directo tiene que formar parte del recupero de esa plata. Porque si bien a todos nos viene bien que el agua se conduzca mejor, hay algunos a los que les das más agua, hay algunos que tienen que hacer una obra, y hay algunos que tienen un beneficio directo. Bueno, esa es una discusión contracultural, entre comillas, pero que había que dar. Y es una discusión que en términos político electorales es mala, digamos. Si nosotros hacemos la ruta y decimos, “che, aquí hay que empezar a cobrar peajes”...no es marketing político eso. Es lo contrario. Pero también esa es la realidad que tenemos nosotros. Tenemos que empezar a dar esas discusiones en mediano y largo plazo. Volvamos a ver qué pasó en el pasado cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, y que hoy no tenemos ninguna trazabilidad de ese dinero. Ver lo que hizo la Pampa, que cobró, en el mismo 2006, en donde acá se arregló hacer una obra, los pampeanos pasaron por caja y agarraron el dinero. El 100% de la inversión de esos fondos  fue lejos de la zona árida, que es donde ellos están peleando por el río Atuel. Fue en la zona húmeda. Y después vienen a exigirle a la provincia de Mendoza, que haga las obras y garantice el agua, en la zona donde ellos no invirtieron, con los fondos que cobraron.

Por eso bajamos la idea de que la forma de inversión es esta. Lo hablé el otro día con el intendente Malargüe y también con los concejales de todas las fuerzas políticas. Les dije “ustedes son los primeros que tienen que pelear que la obra tenga recupero, porque, en definitiva, estamos desarrollando muchos proyectos eléctricos, de agua y saneamiento, de gas, pero para cuando lleguen esos proyectos tiene que seguir habiendo plata en el fondo”. Entonces, a medida que podamos recuperar, lo que va sucediendo es que siguen abriendo los fondos. Y, obviamente, si esto se ordena macroeconómicamente, la provincia tiene que seguir buscando financiamiento para obras, porque esa es la única forma en la que crecen los países serios. Esa es una línea que también tenemos que seguir indagando. Sobre todo mientras la provincia tenga salud financiera y tengamos los niveles de deuda contra el PBG que tenemos hoy. Tenemos buena salud financiera y los bancos internacionales y bonistas hacen fila para ofrecer financiamiento. De hecho, somos una provincia que nunca en su historia defaulteó. Aún peleándose en el 2001 De La Rúa con Iglesias, se cumplió con el bono Aconcagua cuando defaulteó el país. Todos esos antecedentes nos avalan para dar una discusión sobre cómo financiamos la infraestructura y tener la posibilidad de repago nos permite también mejorar las capacidades crediticias de la provincia.