Argentina se encamina hacia un cambio fundamental en su política de armas, marcando un hito con la reciente Resolución 45/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta nueva normativa no es una simple enmienda, sino una reestructuración profunda que redefine el acceso y la tenencia de armas de fuego en el país, alejándose del modelo restrictivo que ha prevalecido durante décadas.
El texto ha generado un inmediato y encendido debate. Sus disposiciones apuntan a una significativa flexibilización de los requisitos para ser legítimo usuario de armas de fuego, lo que históricamente fue un proceso riguroso y en ocasiones burocrático. Aunque los detalles completos de la resolución se están digiriendo, la dirección clara es la de simplificar trámites, agilizar procesos y posiblemente ampliar las categorías de armas accesibles para civiles.
Este cambio representa una victoria para aquellos sectores que, desde hace tiempo, abogan por una mayor libertad individual en materia de autodefensa, argumentando la necesidad de que los ciudadanos puedan protegerse ante el aumento de la inseguridad.
Sin embargo, la medida también ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos, especialistas en seguridad y amplios segmentos de la sociedad civil. Sus preocupaciones se centran en el potencial aumento de la violencia armada, tanto en el ámbito delictivo como en el doméstico, y el riesgo de que más armas terminen en el mercado ilegal.
La nueva resolución, impulsada bajo la premisa de "desburocratizar" y "facilitar", pondrá a prueba la capacidad de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para gestionar un flujo potencialmente mayor de solicitantes y garantizar la idoneidad psicofísica de cada uno.
¿Cómo se articularán los mecanismos de control para evitar que esta flexibilización se traduzca en un riesgo para la seguridad pública?
