Los diputados Jimena Cogo y José Ramón presentaron un pedido de informe en el que solicitan que la "Cámara de Diputados, realice un pedido de informe al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Ministerio de Energía y Ambiente y a la empresa Impulsa Mendoza S.A., para que en el término de 15 (quince) días hábiles remita a esta Honorable Cámara la información que abajo se solicita".

"Asimismo, en caso de corresponder, que la Contaduría General de la Provincia y al Tribunal de Cuentas de Mendoza (dos organismos cornejistas) auditen las operaciones económicas entre Impulsa Mendoza S.A. y Minera Aguilar Potasio S.A. (la empresa de José Luis Manzano) durante los ejercicios 2023–2025, a efectos de verificar cumplimiento, trazabilidad y transparencia".

Agregan que algunos medios han informado "incumplimientos o retrasos en los hitos mencionados, así como la posibilidad de sanciones o renegociación contractual por parte del Gobierno Provincial". La empresa debería haber puesto en funcionamiento la planta piloto y todavía no lo hace.

Explican también que "el presente Pedido de Informe la necesidad de garantizar transparencia, cumplimiento contractual y responsabilidad económica en la ejecución del Proyecto Potasio Río Colorado (PRC), administrado por la empresa Impulsa Mendoza S.A. y concesionado en un 88 % de sus acciones a la firma Minera Aguilar Potasio S.A."

En el contrato, la firma se comprometió a:

• Presentar y ejecutar el plan de ingeniería de detalle en un plazo máximo de 12 meses.
• Construir y poner en marcha una planta piloto de producción en un plazo no superior a 18 meses.
• Cumplir con inversiones efectivas por más de U$S 1.039 millones en cinco años.

Obviamente, todavía no se ha movido el pedido de informes.