"Para los funcionarios, 2 millones de pesos de aumento. Para los judiciales, $40 mil". Esa es la bandera que cuelgan los trabajadores del Poder Judicial en cada una de las marchas que vienen llevando adelante para reclamar por mejores salarios. Hace dos semanas la policía quiso detener a manifestantes que colgaban el cartel que hablaba del aumento millonario de Alfredo Cornejo. Este lunes se concretó la imputación del secretario General del sindicato de Judiciales, Ricardo Babillón.
"Vivimos en una provincia en la que no se respeta la democracia ni la división de poderes", aseveró Babillón antes de ingresar a la audiencia en la que se le notificó la imputación por obstrucción de la vía pública.
"Cuando el gobernador no logra callar una protesta presionando a dirigentes, manda a los fiscales a imputarlos", sostuvo Babillón y le reclamó a la Suprema Corte que firme el convenio colectivo de trabajo que se había comprometido a instrumentar tras el fracaso de la última paritaria.
"A los judiciales primero los presionó, después los amenazó, los emplazó y como cada vez somos más en lucha decide usar las imputaciones para intentar que nos quedemos quietos. No nos vamos a callar. No vinimos a tener miedo", advirtió el dirigente antes de que el fiscal Fernando Giunta lo imputara por entorpecer el tránsito el jueves 16 de octubre en el Nudo Vial. En concreto, lo imputan por entorpecimiento de los transportes y atentado leve a la autoridad.
Clima espeso
En el Poder Judicial de Mendoza el aire está caldeado. El enojo de las autoridades por la falta de presupuesto se hizo evidente en la Legislatura provincial. El presidente Dalmiro Garay dijo abiertamente que los fondos que le destinó el Ejecutivo eran cortos, mientras que el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, directamente no asistió.
Por si eso fuese poco, desde el Ejecutivo exigen que aumente la actividad laboral en el turno vespertino y se promulgó la ley 9666 que reordena el funcionamiento del fuero penal. Pero los cambios no han servido para solucionar los problemas de recursos que desde hace tiempo condicionan el número de audiencias que pueden realizarse por la tarde.
Todo eso ocurre mientras los empleados reclaman mejores salarios y protestan contra el último aumento por decreto que les dio el gobernador Alfredo Cornejo.
