El gobernador Alfredo Cornejo presentó este miércoles los nuevo cuatro proyectos que ingresaron a la Legislatura y con los que quiere impulsar la minería en Mendoza.

Se trata de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino (conocido como Proyecto San Jorge) y Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) más las leyes de Regalías Mineras y Fondo Compensador Ambiental.

Los anuncios los dio en el contesto de la apertura de Argentina Mining Cuyo, un encuentro sobre la actividad que regresó a Mendoza tras casi dos décadas y en la que se reúne a profesionales, expertos, inversores, académicos y pymes del sector.

“La economía argentina no puede seguir dependiendo solo del campo. El motor del agro no alcanza para sostener el desarrollo. Hoy se encendió otro motor, el del petróleo y el gas no convencionales. El tercer motor que debemos encender definitivamente es el de la minería y de los minerales críticos”, sostuvo el Gobernador en su discurso.

Asimismo, apuntó a mostrar a la provincia como una juridicción con "alta institucionalidad". " “Mendoza ofrece reglas claras, Boleta Única, Ficha Limpia, Ley de Coparticipación con municipios estable”, señaló.

Los proyectos de ley que ingresaron a la Legislatura

Cornejo consideró que el proceso de que las DIA deban ser aprobadas en la Legislatura cuenta con "una exigencia alta, discutible en lo técnico" pero valoró que "da una garantía institucional a los inversores: aprobado por la Legislatura, venga el gobierno que venga, esa autorización no se modifica”.

Además de la DIA de PSJ Cobre Mendocino, también se sumó la de MDMO II. "Son 71 proyectos y 87 propiedades", mencionó.

En cuanto a la ley de Regalías Mineras, desde el Ejecutivo aseguraron que se "establece un régimen claro, equitativo y transparente para la determinación, percepción, control y distribución de las regalías". Además, parte de los recursos se destinará a los municipios adheridos con ciertos usos exclusivos.

Por último, el Fondo de Compensación Ambiental busca " asegurar la respuesta inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas, aun cuando el responsable no esté identificado o sea insolvente" y también "financiar acciones de restauración y fortalecer los mecanismos de monitoreo y participación comunitaria".