El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su participación en la tentativa de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia, dictada por la Primera Sala del tribunal, fue unánime entre cuatro de los cinco jueces, que hallaron culpable a Bolsonaro y a sus aliados de una serie de delitos relacionados con el plan para subvertir el orden institucional tras las elecciones de 2022.
El tribunal encontró a Bolsonaro culpable de cinco delitos
Organización criminal armada: Los jueces determinaron que el expresidente lideró una red de funcionarios y militares con el objetivo de subvertir el orden democrático. Esta organización no era solo un grupo de simpatizantes, sino una estructura coordinada y planificada desde las más altas esferas del poder.
Tentativa de abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado: La acusación principal sostuvo que Bolsonaro y sus aliados intentaron anular la elección de Lula da Silva para mantenerse en el poder. El procurador general de Brasil subrayó que un golpe no tiene por qué ser exitoso para ser considerado un delito. El intento de subvertir el orden legal con la ayuda de las Fuerzas Armadas fue suficiente para validar este cargo.
Daño calificado por violencia y deterioro del patrimonio: El tribunal también vinculó a Bolsonaro con los actos del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron los edificios del Congreso, el Palacio de Planalto y el propio STF. La justicia consideró que estos actos no fueron "un evento banal", sino la culminación de un plan violento para causar el caos y anular el resultado electoral.
El peso de las pruebas fue clave en la condena. Los fiscales presentaron una serie de grabaciones, manuscritos, archivos digitales y mensajes electrónicos que demostraban la existencia de una "trama golpista". Uno de los elementos más importantes fue la delación premiada de Mauro Cid, el exayudante de Bolsonaro, cuya colaboración aportó detalles cruciales sobre la planificación de los delitos.
Incluso la defensa de Bolsonaro, que intentó argumentar que las acciones eran solo "pensamientos" o "actos preparatorios", fue desestimada. El juez Cristiano Zanin afirmó que las pruebas del caso demuestran que los acusados "pretendieron quebrar el Estado Democrático de Derecho, incitando deliberada y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas".
En resumen, la condena de Bolsonaro se basó en la conclusión de que no fue un mero espectador, sino el articulador principal de una serie de acciones criminales que buscaban destruir la democracia brasileña para mantener el poder.
