El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó la vigilancia policial en el área externa de la casa donde cumple prisión domiciliaria el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por riesgo de fuga, unos días de que comience la parte final del juicio por intento de golpe de Estado que puede condenarlo hasta a 40 años de cárcel.
La decisión fue determinada por el juez instructor del proceso, Alexandre de Moraes, con base a un informe de la Fiscalía General y de la policía penitenciaria de la ciudad de Brasilia que señaló “puntos ciegos” en el perímetro de la residencia de Bolsonaro, quien vive en un condominio cerrado.
El magistrado también autorizó inspecciones a todos los vehículos que salgan del domicilio del exmandatario, quien además de estar en prisión domiciliaria se encuentra con tobillera electrónica.
En un documento, el fiscal general Paulo Gonet mencionó que las investigaciones recientes demostraron la cercanía del expresidente con “líderes extranjeros” debido a que en una redada se le encontró en el archivo de un teléfono móvil a Bolsonaro un documento pidiendo asilo en la vecina argentina supuestamente para evitar se juzgado.
Bolsonaro fue colocado este mes en prisión domiciliaria ya que Moraes consideró que había riesgo de fuga hacia una embajada extranjera, en el marco del cabildeo realizado por su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado que se radicó en Estados Unidos para solicitar al Gobierno de Donald Trump sanciones económicas y políticas contra Brasil para defender a su padre.
En una carta, Trump dijo que aplicó un arancel del 50 por ciento a los productos brasileños en oposición al juicio que se le sigue por golpismo a Bolsonaro, argumento que Brasil consideró un “chantaje” y un “ataque a la soberanía” del país sudamericano para tomar sus decisiones en el sistema de justicia interno.
Además, aplicó sanciones financieras y el cese de la visa para ingresar a Estados Unidos a varios magistrados de la corte y funcionarios del gobierno. Bolsonaro está acusado de planificar un golpe de Estado con parte de su gabinete en 2022, luego de haber perdido las elecciones generales ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proceso en el cual es clave la función de un ‘arrepentido’ como su secretario privado, coronel Mauro Cid, además del testimonio de militares que citaron la existencia de la planificación.
En el plan se preveía, también, que fuerzas especiales del Ejército maten por envenenamiento a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin y en una emboscada en la calle al juez Moraes. A partir del próximo martes 2 de septiembre y hasta el día 12 serán juzgados los primeros ocho acusados de más de una treintena en esta megacausa.
Además de Bolsonaro, será juzgado Cid, el detenido exministro de Defensa y excandidato a vicepreisente en 2022 Walter Braga Netto, general retirado del Ejército; el policía, diputado y exjefe de los servicios de inteligencia Alexandre Ramagen; el exjefe de la Marina almirante Almir Garnier; y el exministro de Justicia Anderson Torres.
También dos figuras clave del círculo más cercano del gobierno de Bolsonaro como el general del Ejército y exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general retirado Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional.
