La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor de los padres de alumnos que, en nombre de la libertad religiosa, quieren poder retirar a sus hijos de las clases cuando se utilicen libros que traten temas LGBTQ.
El tribunal supremo estadounidense -de mayoría conservadora- dictaminó por seis votos contra tres que obligar a los menores a participar en este tipo de clases viola el derecho de los padres a ejercer su libertad religiosa.
El caso fue presentado por padres cristianos y musulmanes de alumnos de escuelas públicas de Maryland, cerca de Washington, que se opusieron a la introducción en 2022 en el plan de estudios de las escuelas preescolares y primarias de libros destinados a combatir los prejuicios sobre la homosexualidad o la identidad de género.
“Para muchas personas de fe, hay pocos actos religiosos más importantes que la educación religiosa de sus hijos”, escribió el juez Samuel Alito en la opinión de la mayoría, citado por el portal RFI.
Añadió que los libros en cuestión “están diseñados para presentar ciertos valores y creencias como algo que debe celebrarse, y ciertos valores y creencias contrarios como algo que debe rechazarse”, citando como ejemplo la normalización y celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En la opinión discrepante, la jueza Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, argumentó que las escuelas públicas “ofrecen a niños de todas las religiones y orígenes una educación y la oportunidad de practicar la vida” en una “sociedad multicultural”.
“Esa experiencia es fundamental para la vitalidad cívica de nuestra nación. Sin embargo, se convertirá en un mero recuerdo si los niños deben estar aislados de la exposición a ideas y conceptos que puedan entrar en conflicto con las creencias religiosas de sus padres”, advirtió.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal, sobre todo respecto a las personas transgénero.
El Departamento de Justicia respaldó a los padres en el caso, calificando la política del distrito escolar de “interferencia flagrante con el libre ejercicio de la religión”.
