El escándalo de corrupción conocido como “caso Koldo” golpea con fuerza al gobierno de Pedro Sánchez en España tras la difusión de audios y chats que revelan no sólo el cobro de sobornos por parte de ex funcionarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sino también la organización de fiestas sexuales pagadas con fondos públicos.
Según se supo, en los dispositivos de Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó mensajes que documentan encuentros con prostitutas y pagos etiquetados como “fiestas”, “la puta del otro día” y “mamadas”.
En la trama también aparece Anaís, una mujer vinculada a Ábalos, quien se presenta como “modelo” y actuó en cine para adultos bajo el nombre Letizia Hilton.
En al menos cinco videos fue filmada con el actor porno Jordi “El Niño Polla”, según portales especializados.
Durante un allanamiento en el domicilio de Ábalos en Valencia, la mujer intentó ocultar un disco duro en el pantalón, según el informe elevado por la Guardia Civil al juez de la causa, Leopoldo Puente.
En los chats analizados, se identificaron listas de mujeres descritas como “brasileiras” que, según fuentes judiciales, eran contratadas para agasajar a empresarios ligados a la obra pública.
Se detallan además 28 pisos turísticos alquilados en Madrid entre 2020 y 2021 para encuentros con “señoritas”.
“Es asqueroso y repugnante”, expresó Pilar Bernabé, dirigente del PSOE.
Desde sectores feministas del oficialismo se exige incluir el consumo de prostitución como causal de sanción en el código ético del partido, que paradójicamente impulsa una ley para abolir la prostitución.
El caso genera repudio transversal y alimenta la presión de la oposición, que acusa al presidente de estar “acorralado” por la corrupción.
La prensa española también se hizo eco: El País tituló su editorial “De puteros y triángulos”, mientras El Mundo se refirió a Anaís como “la pija del porno”.
La diputada Ione Belarra (Podemos) dijo que Sánchez “ya no está legitimado para gobernar”, y en el Congreso, desde el Partido Popular lo tildaron de “indecente, corrupto y traidor”.
Mientras tanto, en Moncloa admiten preocupación por la posibilidad de nuevas filtraciones.
El oficialismo intenta sostener la legislatura hasta 2027, pero sus socios parlamentarios -como Sumar, ERC, PNV o Junts- ponen condiciones y evalúan romper el bloque de gobernabilidad.
