Sistema previsional
Por el fin de la moratoria, se incorporaron menos jubilados
Hubo 52.192 altas en el sistema general y el número marca una fuerte baja en relación con los años previos. Cuáles son los programas vigentes para regularizar la situación.
En el primer trimestre de este año obtuvieron el alta de su jubilación en el sistema de la Anses 52.192 personas, de las cuales un 44% recurrió a algún plan de moratoria o regularización por aportes no hechos en su momento. La cifra mencionada es un 43% inferior a la de igual período de 2025, y un 55% más baja que la correspondiente al lapso de enero a marzo de 2024, todo según un análisis de la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.
En esos dos años previos al actual regía el plan del segundo capítulo de la ley 27.705, aprobada en 2023, que permitía la compra de aportes no ingresados oportunamente, sin pagarlos de manera efectiva antes de acceder a la jubilación. El mecanismo, de hecho, preveía descuentos de los haberes mensuales de determinados montos y durante cierto período, a manera de cuotas de la deuda asumida por la persona con el sistema previsional.
Ese esquema, conocido comúnmente como una moratoria (aunque no lo fue técnicamente), rigió desde mediados de marzo de 2023 y hasta el 23 de ese mes de 2025. Esa fecha de salida de vigencia estaba ya estipulada en la propia ley, aprobada por el Congreso Nacional en el verano de 2023. Y, pese a que se previó la posibilidad de una prórroga del plan, el gobierno de Javier Milei optó por ponerle punto final a la medida. Eso redujo la cantidad de personas que pueden acceder a una prestación previsional en el régimen contributivo general, que exige dos requisitos: el de edad (60 años las mujeres y 65 años los varones) y el de número de aportes (como mínimo, 30 años).
En el primer trimestre de 2023, al final del cual comenzó a regir la ley 27.705 de “Plan de pago de deuda previsional”, hubo 69.433 nuevos jubilados, de los cuales el 62% había adherido a alguna moratoria, pero no a la prevista en la entonces nueva normativa, sino a algún plan con vigencia previa.
El impacto del plan contenido en la citada ley se vio a medida que fue avanzando aquel año: la estadística muestra que en todo 2023 el 81% de las altas fue para quienes habían adherido a un plan, ante la falta del cumplimiento del requisito de aportes. En todo 2024 y en todo 2025, ese porcentaje fue de 73% y de 53,5%, respectivamente. El efecto de la caída de vigencia del plan de la ley 27.705 se pudo observar de manera progresiva, ya que durante varios meses del año pasado se les otorgó el alta de su prestación a personas que habían ingresado su trámite de solicitud mientras regía todavía la normativa en cuestión.
Entre enero y marzo de 2025, según los datos oficiales,hubo 91.577 nuevas jubilaciones, y el 72,2% correspondió a personas con moratoria (un índice bastante más elevado que el del total del año, lo cual se explica por lo expuesto en el párrafo anterior). En el primer trimestre de 2024, en tanto, los nuevos jubilados fueron 115.757 y un 76,2% recurrió a una regularización por los aportes no hechos.
Las moratorias, aunque con diferentes normativas, fueron protagonistas entre las altas de jubilaciones en las últimas dos décadas, reflejo de un problema persistente en la economía argentina: la elevada tasa de informalidad laboral, que responde a factores diversos. A eso se suma que, tal como informó La Nación días atrás, es cada vez mayor la participación que, sobre el total de trabajadores registrados, tiene el segmento de los que hacen aportes de muy baja cuantía.
La moratoria que actualmente sigue vigente es la establecida por la ley 24.476, aprobada en 1995 y reglamentada en 2005, en un hecho que marcó el inicio de la dinámica que tuvo en los años siguientes el proceso de altas. Se trata de un régimen permanente para regularizar aportes a muy bajo costo, pero tiene una característica que lo hace cada vez más restrictivo a medida que pasa el tiempo: solo puede accederse por períodos sin contribuciones que sean previos a octubre de 1993.
Compra de aportes
También rige un plan de compra de aportes, establecido en la ley 27.705, pero en este caso sin fecha de fin de vigencia. Este sistema, llamado de “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, es válido únicamente para quienes están a 10 o menos años de la edad de jubilación; es decir, para mujeres de 50 a 59 años y para varones de 55 a 64 años.
Cada unidad de cancelación vale por un mes de aportes y pueden comprarse períodos previos a abril de 2012, siempre a partir de que se hayan cumplido los 18 años de edad y con el requisito de haber estado en el país y sin trabajo formal. El precio por cada mes se actualiza por inflación. Este mes es de $37.146 y en mayo será de $38.402 (comprar un año completo costaría el mes próximo unos $460.800).
En la estadística citada, las personas que se jubilaron tras recurrir durante su edad activa a esta herramienta prevista en el tercer capítulo de la ley 27.705, no están caracterizadas como jubiladas con moratoria, según aclararon a La Nación fuentes del área.
El universo de las prestaciones con moratoria es muy heterogéneo: hay quienes, por ejemplo, contribuyeron durante más de 20 años e ingresaron a estos sistemas por el tiempo faltante (en algunos casos, muy poco); y hay quienes tenían muy pocos o no tenían aportes.
De las 5.806.812 jubilaciones que la Anses liquidó para su pago en marzo de este año, el 68,2% (3.962.167) incluyó alguna regularización de aportes, en tanto que 1.844.645 (31,8%) corresponden a personas que sí lograron cumplir durante su vida laboral con lo exigido. Entre las pensiones por fallecimiento, hay 562.814 otorgadas con moratoria (33,6% del total) y 1.110.350 (66,4%) sin ella.
Por otra parte y siempre según la estadística oficial, de las 2,8 millones de personas con jubilación equivalente al haber mínimo más el bono, el 90% accedió al beneficio con moratoria.
Sistema no contributivo
Por otra parte, en marzo pasado se pagaron 210.263 beneficios de Pensión para el Adulto Mayor (PUAM). Es una prestación creada por ley en 2016, a la que se accede con 65 años de edad (igual requisito para varones y mujeres) sin un piso de aportes requerido y con la condición de pasar un examen socioeconómico (también previsto en las moratorias, pero no en la ya descripta compra de aportes durante la edad activa según el régimen de la ley 27.705).
Equivale al 80% del haber mínimo y se suma el bono de $70.000. Y, a diferencia de lo que ocurre con las prestaciones contributivas, la PUAM no genera derecho de ingreso al cónyuge ante el fallecimiento de la persona titular del beneficio.
Una cuestión a tener en cuenta es que la normativa previsional permite compensar aportes no hechos con el exceso de edad jubilatoria y que a las mujeres se les reconocen períodos de contribución por sus hijos.
En el primer caso, si la persona no se jubila inmediatamente al cumplir 60 o 65 años (según se trate de una mujer o un varón), se cuenta un año como aportado por cada dos de exceso en la edad.
En cuanto al reconocimiento por hijos para mujeres, como regla general, por cada uno se cuenta un año como contribuido; en caso de haber existido adopción, dos años. Si se tiene un hijo con discapacidad, se considera un año adicional, y si se accedió a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos doce meses, se suman otros dos años adicionales.
La cantidad de jubilaciones con moratorias refleja principalmente problemas sociales y laborales de vieja data. A la vez, las exigencias de la ley jubilatoria están desacopladas del mundo del trabajo, porque no se contempla, por ejemplo, el pago de prestaciones proporcionales para quienes no llegan a 30 años de aportes, pero sí reúnen una cantidad menor, 15 o 20 años, por ejemplo.
En el inicio de la gestión, desde el actual Gobierno se había intentado acortar la vigencia de la moratoria de la ley 27.705, vencida finalmente en marzo de 2025 y, a la vez, se habló de la posibilidad de habilitar prestaciones proporcionales, en función de los años aportados. Sin embargo, sobre este segundo punto nunca se conocieron detalles de la iniciativa (enunciada en un proyecto de ley, en un artículo finalmente no aprobado), y, en los hechos, el oficialismo no promovió la aprobación de alguna medida en ese sentido.
