El 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI de Francia inauguró los Estados Generales. La institución se reunía ese año con el objetivo de abordar el problema de una inflación galopante y una bancarrota en las cuentas de la monarquía, endeudada hasta las cejas por la falta de ingresos. Y es que ni la nobleza ni el clero pagaban impuestos. No porque les faltara el dinero. Si no pagaban era por algo más sencillo y absurdo: ese era su privilegio.

La prerrogativa tenía mucho que ver con el malestar del 98% de los ciudadanos franceses que sufrían escasez y encarecimiento de alimentos y no formaban parte de la nobleza ni del clero, el llamado Tercer Estado. No solo por la injusticia de unos impuestos que recaían sobre los ciudadanos con menos recursos para pagarlos. También por la asimetría de poder político que dichas prebendas evidenciaban.

Hace menos tiempo, el 8 de junio de 2021, el portal ProPublica difundió una investigación sobre los impuestos de los milmillonarios estadounidenses. Tras acceder a sus registros fiscales, comprobaron en varias declaraciones anuales de Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros y Warren Buffett que se las habían arreglado para no pagar absolutamente nada en el impuesto sobre la renta sin cometer ni una sola irregularidad. Los suyos eran los casos más notorios, pero el tipo promedio de impuestos sobre la renta pagado por los 25 más ricos del país entre 2014 y 2018 también era desconcertante: un 15,8%. “Menos que los impuestos que podría pagar un solo trabajador ganando 45.000 dólares al año [unos 38.400 euros al cambio actual]”, escribió ProPublica. Aunque en Europa la diferencia no es tan notable, la misma regla de oro se cumple en Bélgica, España, Italia, Francia y Países Bajos: los impuestos efectivos pagados por el 1% más rico son siempre menores que los del contribuyente promedio.

Vistas hoy, las prebendas de las que disfrutaban la Iglesia y nobleza prerrevolucionarias parecen incluso poca cosa. ¿No se suponía que el privilegio reservado a algunos estamentos había terminado hace siglos, precisamente por los avances logrados tras la Revolución Francesa? Como dice Max Lawson, que en Oxfam lidera los estudios sobre desigualdad, los milmillonarios han reducido al máximo los impuestos y otras regulaciones que limitan sus ganancias usando una serie de herramientas que transforman poder económico en político. Entre las palancas clásicas para lograrlo figuran la financiación de campañas y partidos, la amenaza de llevarse el dinero a otra parte, el lobby de toda la vida, y la apropiación de la conversación pública con inversiones en medios, redes y la hegemonía de la inteligencia artificial (IA).

Mientras en parte del mundo occidental los padres de clase media ven cada vez más difícil que sus hijos igualen su calidad de vida, los milmillonarios del mundo han sumado nuevos superpoderes para torcerle el brazo a la política. ¿Algunos ejemplos? El poder de decidir la suerte militar de un país concediendo o no acceso a sus satélites (el Starlink de Musk es una muestra); el de contribuir o no a propagar desinformación que atenta contra la convivencia democrática (los casos de Facebook y X, por ejemplo); o el de revolucionar el mundo del trabajo y la comunicación con la IA sin que muchos países acierten a aprobar la más mínima regulación.

Que su voz se escuche más que la del resto no sería tan problemático si los intereses fueran los mismos. Pero los incentivos de corto plazo de los milmillonarios, cuya riqueza se deriva de las rentas del capital, no suelen coincidir con los del grueso de la población, cuyos ingresos dependen de las rentas del trabajo. Una mayor regulación de los mercados financieros, por ejemplo: a la sociedad la protege de crisis cíclicas, pero a los milmillonarios les reduce las posibilidades de disparar sus fortunas. También hay intereses contrapuestos en temas tan sensibles como el futuro de la sanidad y la educación públicas.

Según el economista Branko Milanovic, romper el vínculo entre poder económico y político es difícil porque las personas que lo ejercen saben lo necesaria que es esa influencia para mantener su posición. “Pero un plutócrata inteligente haría lo mismo que hicieron los capitalistas después de la Segunda Guerra: enfrentados a la posibilidad del comunismo, aceptaron muchas de las demandas de igualdad para preservar su poder”, explica. “Si los grandes plutócratas no moderan su apetito, y su ambición se vuelve demasiado obvia, la reacción contra ellos puede terminar socavando los pilares sobre los que se mantienen”, advierte.

“Es probable que no haya antecedentes históricos para la desigualdad en patrimonio que existe hoy, y es que tampoco hay antecedentes para el nivel de riqueza global”, prosigue Milanovic. En su opinión, dos de las razones por las que parecen seguir acumulando sin complejos tienen que ver con la “falta de antecedentes cercanos en los que su poder fue atacado”, y con la visibilidad que les dan las redes sociales. “Antes, no se sabía bien el nombre de los milmillonarios, ahora salen todos los días, todo el mundo los reconoce, no sé si eso también les hace más difícil limitar sus apetitos”.

A lo largo de 2025, las fortunas de los milmillonarios del mundo multiplicaron por tres el crecimiento anual que venían registrando en promedio durante el lustro anterior. “Las medidas adoptadas en lo que llevamos de mandato de Trump (…) han beneficiado a las personas más ricas del mundo, ya sea defendiendo una desregulación mayor o frenando la puesta en marcha de acuerdos que supondrían una mayor tributación efectiva de las grandes corporaciones”, según un informe de Oxfam publicado en enero.

Las inversiones de los milmillonarios son otra evidencia de la correa de transmisión que transforma el poder económico en político. En las elecciones estadounidenses de 2024, solo 100 familias contribuyeron con uno de cada seis dólares gastados por candidatos, partidos y comités. Invirtieron ese año 2.600 millones de dólares, más del doble de los 1.000 millones que habían invertido durante las elecciones de 2020; y 160 veces lo que invertían antes de que en 2010 la Corte Suprema de EE UU eliminara los límites a la financiación de campañas. Con la conversación pública pasa algo similar: más de la mitad de los principales medios del mundo pertenecen a milmillonarios, según los cálculos de Oxfam; 8 de las 10 mayores empresas de IA están dirigidas por milmillonarios, y 9 de las 10 redes sociales más importantes también.

En diciembre de 2024, la revista de la National Academy of Sciences publicó una investigación de Eli G. Rau y Susan Stokes sobre los efectos perniciosos de la desigualdad: la probabilidad de experimentar erosión democrática era siete veces mayor en los países más desiguales, concluyeron. Según Rebecca Gowland, que en el Reino Unido trabaja como portavoz de Patriotic Millionaires (formada por millonarios conscientes del problema de la desigualdad, la organización hace campaña para que los gobiernos les suban los impuestos), esa degradación termina por deslegitimar a todo el sistema. “El problema no es solo que los milmillonarios diseñen en su beneficio las políticas que nos afectan a todos, sino que lo están haciendo a la vista de todos, y eso también hace que perdamos la fe en la democracia”, dice. Los propios millonarios lo admiten en sondeos anónimos. “En la última encuesta de enero que hicimos en los países del G-20, les preguntamos si creían que la riqueza extrema servía para comprar influencia política, casi un 80% respondió que sí y que no debería ser así”, explica.

De acuerdo con los últimos datos de Oxfam, las 12 personas más ricas del mundo acumulan en conjunto un patrimonio superior al de más de 4.000 millones de personas. El crecimiento de las fortunas de los milmillonarios no se debe en exclusiva al hecho de que los impuestos no hagan mella en su patrimonio. Según Francisco Ferreira, responsable de estudios sobre desigualdad en la London School of Economics, también han ganado mucho por el debilitamiento de las reglas que protegen la libre competencia. Según él, la industria del acero, o incluso la del petróleo, tenían que enfrentar más competencia que las grandes tecnológicas de hoy, “que pueden trabajar con márgenes mucho mayores y generar unos beneficios extraordinarios”.

Soplar o sorber

“Podemos tener democracia, o podemos tener riqueza concentrada en las manos de unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas”, dijo el juez de la Corte Suprema de EE UU (entre 1916 y 1939) Louis Brandeis, una de las figuras clave en la lucha contra los monopolios. Su jurisprudencia y las leyes que se promulgaron a principios del siglo pasado ayudaron a contener las tendencias monopólicas hasta los años ochenta, cuando una reinterpretación de esas leyes limitó la regulación de los monopolios a los casos donde hubiera subidas de precios o reducciones de producción. Se ponían así las bases para la creación de gigantes como Amazon, Meta o Google, que cobraban poco o nada a sus usuarios a cambio de un poder de mercado que les ha permitido dictar las reglas y neutralizar a sus rivales.

El expresidente estadounidense Joe Biden trató de recuperar el espíritu de Brandeis encargando a Lina Khan que luchara contra los monopolios desde la Federal Trade Commission, pero Trump la destituyó en cuanto llegó a la presidencia. “No es posible darle vuelta a una tendencia hacia la concentración en solo cuatro años”, dice Ferreira. “Si las estrategias regulatorias de Khan se hubieran mantenido 20 años, sí habría significado algo; pero las fusiones y adquisiciones no se producen cada año”.

Aunque los reglamentos no sean perfectos, la defensa de la libre competencia y la financiación de campañas están mejor reguladas en la Unión Europea, dice la filósofa y economista belga Ingrid Robeyns, autora de un libro en torno a la idea del limitarianismo —ponerle un tope a la cantidad máxima de patrimonio que puede acumular una persona—. “En el tema de medios, por ejemplo, en Europa tenemos toda una serie de agencias que deben autorizar las operaciones de crecimiento de empresas, mientras que en Estados Unidos vemos cómo la familia Ellison [propietarios de Oracle y ahora también de Paramount] se está haciendo con todos los grandes, lo último que han comprado ha sido la CNN”, subraya Robeyns.

Efectos perniciosos

Además de poner en peligro el funcionamiento y la legitimidad del sistema democrático, la acumulación de riqueza de los milmillonarios tiene efectos perniciosos para la economía. Si esa riqueza estuviera mejor repartida, podría aumentar la actividad y el empleo gracias al crecimiento del consumo. Tampoco ayuda el exceso global de ahorro que genera esta concentración de riqueza en menos manos, o Global Saving Glut, como lo llamaba en inglés el expresidente de la Reserva Federal Ben Bernanke. En busca de rentabilidad, toda esa liquidez acumulada rastrea nuevos refugios de inversión en sectores como la educación, la salud o la vivienda. Derechos básicos que se han ido alejando a medida que entraban en la lógica del mercado.

Hasta ahí las malas noticias. La buena es que no es la primera vez que la humanidad sufre esta deriva hacia la concentración de poder y es posible aprender de las soluciones pasadas. Como dice Guido Alfani, profesor de Historia Económica en la Universidad de Bocconi, los antiguos griegos ya nos advertían de la incompatibilidad entre la democracia y la concentración de riquezas. “Aristóteles escribió que en un contexto de gran desigualdad, los superricos serían como dioses entre los hombres”, dice Alfani. “La república de Venecia es un claro ejemplo”, explica. “En el siglo XV, los humanistas decían que era el modelo perfecto para una república estable porque su estructura impedía que los más ricos se hicieran con el control político, y sin embargo, a principios del siglo XVII, los ricos ya podían comprar un asiento en el Gran Consejo de Venecia, y que todos sus descendientes fueran parte de la familia gobernante”. Según Alfani, la deriva plutocrática suele coincidir con el momento en que las élites advierten un empeoramiento de las condiciones que han permitido su enriquecimiento.

Pero tal vez la concentración de riqueza con enseñanzas más útiles sea también la más cercana: la llamada Gilded Age o edad dorada que vivió Estados Unidos durante las últimas tres décadas del siglo XIX. Fueron los años del ferrocarril y de la rápida industrialización, con el ascenso de fortunas gigantescas como las de los Rockefeller, los Vanderbilt, los Carnegie y los Morgan. “Había terminado la guerra civil y los ciudadanos no estaban preparados para lo que venía”, explica Richard White, profesor de Historia Económica en Stanford. “Venían de la esclavitud, donde los dueños de la plantación eran también las mayores fortunas, y esperaban entrar en un mundo de pequeños productores compitiendo unos con otros: no supieron ver la industrialización y el mundo de asalariados pobres que venía porque nada de eso había existido antes en el país”.

De la misma forma que Trump anunciaba 500.000 millones de dólares en inversiones conjuntas para la IA hace un año, los gobiernos de la Gilded Age ayudaban con subsidios y aranceles a esos primeros empresarios argumentando que la industrialización sería buena para todo el país. “¿Pero quién se beneficiaba de esa industrialización?”, se pregunta White. “Cuando miras cosas como los sueldos, la esperanza de vida y la salud, en esa era, lo que te encuentras es un declive para la gran mayoría de los estadounidenses”, añade. “Las condiciones se deterioraron tanto que empezó a haber toda clase de signos de una guerra de clases inminente en el país, con protestas en las calles y una mayoría abrumadora en contra de los monopolios, fueran del signo político que fueran”.

“[El presidente de Estados Unidos William] McKinley fue asesinado en 1901 por un socialista y hasta en las publicaciones conservadoras se decía que había que hacer algo para solucionar el problema del poder monopólico y la concentración de riqueza”, explica la también estadounidense Ray Madoff, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston. Madoff recuerda cómo se pasó entonces de una recaudación basada en los aranceles a la introducción de un sistema impositivo que sentaría las bases del actual.

En 1913 llegó el impuesto progresivo a los ingresos y en 1917 el del patrimonio, gravámenes que lograron una redistribución de riquezas y reducción de desigualdades sin precedentes durante la mayor parte del siglo XX. Un periodo que coincide, en palabras de White, “con la etapa más próspera de la historia estadounidense”.

Aunque la estructura de los dos impuestos se mantiene hoy, dice Madoff, durante los últimos 40 años han sido “secretamente erosionados” en favor de los más ricos. Describe varias técnicas como los fideicomisos personales y fundaciones para esquivar los impuestos al patrimonio y a la herencia, entre otras herramientas. “Lo que hacen descansa en el siguiente principio: los bancos necesitan prestar dinero, porque ese es su negocio, y los milmillonarios tienen una cantidad gigantesca de patrimonio para garantizar esos préstamos, así que viven endeudándose, y refinanciando la deuda una y otra vez”, explica Madoff.

La solución es técnicamente sencilla, dice Madoff. Asegurarse de que el patrimonio es gravado en cuanto haya una transmisión de su titularidad, sea a quien sea, por venta, donación o herencia, sin más exenciones que las decididas por una mayoría democrática. “Por supuesto que existe el deseo de ayudar a los hijos, y más ahora, cuando la herencia se ha convertido en la única forma de ayudarles a mantener una vida de clase media, pero eso se soluciona dejando sin gravar el primer millón o segundo millón de dólares; lo que la sociedad decida democráticamente”, explica la profesora de Boston. “Pero eso no tiene nada que ver con justificar que los descendientes de Zuckerberg o de Musk no paguen impuestos por la herencia”.

Según los análisis del economista francés Gabriel Zucman, para evitar que los milmillonarios mantengan el privilegio de pagar menos impuestos que los trabajadores bastaría con asegurarse de que las fortunas que sobrepasen los 100 millones de euros paguen como mínimo un impuesto anual de 2%, independientemente de los mecanismos empleados para recategorizar y reclasificar el patrimonio.

En España, los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez concluyeron en un estudio reciente que reformar el impuesto de patrimonio para asimilarlo a las propuestas del economista Thomas Piketty, o al impuesto al patrimonio vigente en Noruega, tendría un poder recaudatorio excepcional: alcanzaría para financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por hijo, logrando una mejora del 5% en el índice de desigualdad de Gini.

Otra solución es gravar con impuestos especialmente onerosos las actividades que transforman en político el poder económico. Es lo que sugiere Branko Milanovic para todo milmillonario que quiera financiar campañas políticas o meterse en medios, redes y otros intentos de dirigir a la opinión pública. “No sé si va a sonar un poco disparatado, pero me parece que los gravámenes a estas actividades deberían ser del tipo confiscatorio, que si quieren tener medios, o contribuir a partidos políticos, entreguen en impuestos un 2% de su patrimonio, por ejemplo”, concluye.