Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el Gobierno de Javier Milei, según precisó un estudio privado.
El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización de la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación. Esta decisión fue una de las herramientas que le permitió a la administración libertaria lograr el superávit fiscal.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.
En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.
El documento señala que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”.
El informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.
CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar.
Siempre según la visión del centro de estudios, con el sistema actual, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido anteriormente.
La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real.
“Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 154%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 101%”, precisa el análisis.
Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.
El informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.
El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes” de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben.
Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990. Asimismo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector.
El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Javier Milei”.
Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores. Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no contar con los 30 años de aportes.
En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.
