El Gobierno logró en 2025 sostener el superávit fiscal por segundo año consecutivo, con una particularidad relevante: la presión tributaria nacional fue la más baja de los últimos 19 años, según estimaciones privadas.

Ese alivio, sin embargo, no fue homogéneo entre todos los tributos y exigió un mayor esfuerzo del equipo económico para reducir el gasto, incluso mediante el diferimiento de algunos pagos, un aspecto que se conocerá con mayor detalle cuando el Tesoro publique el resultado fiscal de diciembre.

Durante 2025, el fisco recaudó por impuestos $183 billones (US$145.000 millones), lo que representó un aumento nominal de 39,4% respecto de 2024. No obstante, en términos reales —con una inflación promedio anual de 41,8%, según la consultora Outlier—, la recaudación mostró una caída de 1,7%.

“La presión tributaria nacional se ubicó en 21,9% del PBI nominal, con un descenso de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) frente a 2024, convirtiéndose en la más baja desde 2006”, señaló Outlier.

Ya sea por decisión propia o forzado por las urgencias del contexto, el equipo económico redujo impuestos de manera significativa en dos momentos clave. Por un lado, con la eliminación del impuesto PAIS —que representaba 1,1% del PBI y gravaba la compra de dólares— y, por otro, con la quita transitoria de las retenciones al agro en agosto, en plena crisis cambiaria desatada tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Según Outlier, en el acumulado del año la recaudación por derechos de exportación se contrajo cerca de 16% en términos reales. Esto incluye la baja permanente de algunas alícuotas a fin de año. Como resultado, la presión tributaria asociada a las retenciones se ubicó en 0,9% del PBI, con una baja de 0,2 p.p. respecto de 2024.

Un tercer factor que contribuyó a la menor presión tributaria fue la ausencia de ingresos impositivos extraordinarios, como los provenientes de blanqueos de capitales o moratorias.

“Entre estos tres factores se explica una caída de la presión tributaria nacional de 1,3 p.p., superior a la que finalmente se registró (-1,2 p.p.). Esto implica que el resto de los tributos mostró aumentos de presión que amortiguaron parcialmente la baja”, explicó Outlier.

Entre los impuestos que incrementaron su peso relativo, pese a la reducción agregada, se destacan los aportes a la Seguridad Social (+0,4 p.p.) y los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (+0,15 p.p.), aplicados sobre la venta de nafta y gasoil. Ambos representaron el 5,5% y el 0,6% del PBI, respectivamente.

Los aranceles a las importaciones (0,8% del PBI) y el impuesto al cheque (1,7%) completan el grupo de tributos que registraron aumentos de presión tributaria. En estos casos, sin embargo, la suba respondió a un mayor dinamismo de las bases imponibles en relación con el crecimiento del PBI, indicó la consultora.

La situación fue inversa para el IVA (7,3% del PBI) y el impuesto a las Ganancias (4,4%), dos de los tres tributos más relevantes en términos de recaudación. Ambos mostraron una reducción de su presión específica como consecuencia de un desempeño de la actividad económica inferior al del PBI.

“Este comportamiento de los ingresos tributarios implicó desafíos adicionales para el frente fiscal, especialmente en el último tramo del año. Para que la presión tributaria continúe bajando en 2026 será necesario avanzar en reducciones explícitas adicionales, permanentes o transitorias, aunque el sostenimiento del equilibrio fiscal aparece como una clara restricción en tanto no se logren mayores recortes permanentes del gasto primario”, advirtió Outlier.

“Para ello serán cada vez más necesarias reformas estructurales. Esto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, de convertirse en ley el proyecto de reforma laboral, se produciría una pérdida de recursos para la seguridad social vía el fondo de cese, lo que afectaría negativamente la dinámica de la recaudación tributaria”, agregó.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), coincidió en que una mayor baja de la presión tributaria requiere continuar reduciendo el peso relativo del gasto público. “El desafío de bajar impuestos es compartido por los tres niveles de gobierno. Para eso es necesario coordinar una dinámica de gasto público real que permita que el peso del gasto consolidado en la economía siga disminuyendo”, sostuvo.

Por su parte, la consultora LCG señaló que, una vez agotado el efecto de la eliminación del impuesto PAIS y la reducción de alícuotas de Bienes Personales que impactaron en 2025, para 2026 proyecta una recaudación tributaria de $242 billones, lo que implicaría una caída real anual de 0,5%.