Coincidiendo con el Foro Económico Mundial de Davos, Oxfam publicó el informe global “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, que evidencia cómo los más ricos controlan el poder político y definen las reglas económicas y sociales en su favor, a costa de los derechos y libertades de la ciudadanía.  

Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81 %. Mientras la riqueza sigue concentrándose en lo más alto, casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28 % se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.  

El aumento de la concentración de riqueza extrema en el mundo coincide con el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, una administración que favorece los intereses de los más ricos: redujo impuestos a los superricos, bloqueó avances en cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder monopolístico y empujó el valor de acciones ligadas a la inteligencia artificial.   

El gobierno de Trump constituye una clara señal de alerta de hasta dónde puede llegar el poder que ejercen los más ricos. El informe de Oxfam pone de manifiesto que este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: el auge de las oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades del mundo.  

Junto con el informe global, Oxfam publica en simultáneo una nota informativa con datos regionales “Riqueza sin control, democracia en riesgo: ¿por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal?”. La nota destaca que América Latina y el Caribe registra hoy un récord de 109 milmillonarios (14 más que a fines de 2024), con una riqueza conjunta de casi US$622 mil millones, casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú. Desde el año 2000, esta riqueza ha aumentado en un sorprendente 443%. Tan sólo en el último año, creció un 39 %, 16 veces más rápido que la economía regional. 

“Mientras la riqueza de los milmillonarios ha crecido en promedio un poco más de 491 miles de dólares al día, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para alcanzar esa misma fortuna. Este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones de políticas públicas y limitando los recursos que podrían destinarse en beneficio de las mayorías”, advierte Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe. 

Actualmente, el 53,8 % de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, muy por encima del 37,3 % mundial. Solo cinco países de la región aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones. Este vacío fiscal refuerza la concentración simultánea de poder económico y político, en una especie de dinastías de ultrarricos, que se perpetúan de generación en generación, debilitando la capacidad redistributiva del Estado y perpetuando un modelo de desigualdad heredada. No es casualidad que el 65 % del patrimonio de los milmillonarios en LAC está en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía, sectores altamente desregulados y en los que la cercanía al poder es clave.  

“La pobreza económica produce hambre. La pobreza política genera indignación”, afirma Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam. 

Según destaca la nota informativa de Oxfam, entre 2000 y 2025, al menos 16 presidentes en 11 países de América Latina llegaron al poder tras dirigir grandes empresas. “Cuando la riqueza compra influencia política, la democracia deja de ser representativa y se convierte en privilegio de unos pocos. No es solo un problema económico: es una amenaza directa a los derechos y a la voz de las mayorías”, complementa García-Parra. Y el contexto global lo confirma: según la Encuesta Mundial de Valores, realizada en 66 países, casi la mitad de las personas encuestadas perciben que los individuos más ricos suelen comprar las elecciones de su país. 

Frente a esta creciente desigualdad, son muchos los gobiernos que sin embargo están optando por anteponer las demandas de las élites y proteger su concentración de riqueza, mientras recortan derechos y se reprimen las protestas de la ciudadanía que deben hacer frente a los efectos del incremento en el coste de vida. 

En LAC, los sistemas fiscales se han convertido en cómplices de esta desigualdad. En una de las regiones del mundo con la mayor polarización entre la riqueza en manos del 1 % más rico y el 50 % más pobre, las estructuras tributarias son incapaces de frenar esta acumulación extrema El 50 % más pobre contribuye con el 45 % de sus ingresos en tributos cuando el 1 % más rico aporta menos del 20 %. 

Oxfam insta a los gobiernos a actuar con urgencia y priorizar las siguientes medidas: 

• Implementar planes nacionales para reducir la desigualdad, con metas claras y seguimiento. 
• Gravar la riqueza y las herencias del 1% más rico para limitar el poder de los superricos. 
• Regular la influencia política y mediática de las élites, garantizando independencia y transparencia. 
• Proteger las libertades democráticas y fortalecer la participación ciudadana. 

“Que el poder económico decida nuestro futuro no es aceptable. Los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad ineludible de actuar para reducir la desigualdad y frenar la amenaza que la concentración extrema de riqueza representa para la democracia”, concluye García-Parra.