El Gobierno nacional ha modificado el marco regulatorio del gas envasado, una decisión que, a través del Decreto 446/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, restringe la intervención estatal a la fiscalización de seguridad, dejando que precios, oferta y demanda se rijan por el libre mercado. Esta desregulación del sector del gas licuado de petróleo (GLP), aunque fundamentada en la búsqueda de eficiencia y la reducción de la "sobrerregulación", genera una profunda inquietud por sus consecuencias directas en los sectores más vulnerables de la población argentina.
La medida establece que la Secretaría de Energía limitará su rol a la fiscalización de parámetros de seguridad, sin interferir en aspectos operativos o económicos del mercado. El Ejecutivo argumenta que el régimen anterior generaba distorsiones y sobrecostos que impactaban negativamente en los precios al consumidor, y que el sector privado tiene la capacidad de expandir la producción y mejorar el servicio. En este sentido, se elimina la obligación de obtener autorización previa para instalar o ampliar plantas de fraccionamiento, y se flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo la libre importación y exportación (siempre que se garantice el abastecimiento interno).
Sin embargo, la desregulación del mercado de las garrafas afecta de manera desproporcionada a los sectores más humildes. Se estima que un porcentaje significativo de hogares argentinos, especialmente aquellos en barrios sin acceso a la red de gas natural y en zonas rurales, dependen exclusivamente del gas envasado para cocinar y calefaccionarse. Para estas familias, la garrafa no es una opción, sino una necesidad básica.
La eliminación de los precios máximos y la alineación de los valores locales con los internacionales ya han provocado aumentos significativos en el costo de las garrafas, con incrementos que, en algunos casos, llegaron a ser del 150% en meses anteriores. Esto convierte un servicio esencial en un bien prohibitivo para muchos, sumando un nuevo "martirio" a la ya compleja situación económica de los hogares de bajos ingresos. La preocupación de diversas organizaciones y defensorías del pueblo radica en que la libre competencia, en este contexto, podría derivar en especulación y abuso de precios, dejando a las familias más vulnerables sin alternativas y con un acceso cada vez más difícil a una fuente de energía fundamental para su vida diaria.
