Después de más de seis meses sin actividad formal en la mesa de negociaciones, el Gobierno reactivó las paritarias del personal de casas particulares con una convocatoria formal para discutir un nuevo aumento en los salarios mínimos de las empleadas domésticas. La reunión que se concretó este lunes a partir de las 11.30 y finalizó pasadas las 15, llegó a buen puerto.
Según fuentes cercanas al encuentro indicaron a Clarín que las partes arribaron a una suerte de acuerdo, en la que se pactó un aumento del 6,5% para el período que va de febrero a septiembre, desglosado en 3,5% sobre los mínimos de enero de 2025. Y sumando tres pagos más de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre. Todas las subas serán de forma remunerativa, como viene sucediendo desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Además, se sumará una suma no remunerativa por única vez de hasta $ 10.000 en julio. y de $ 9.500 en agosto y otro de $ 9.500 en setiembre, para aquellas empleadas que trabajen más de 16 horas semanales.

Para las que trabajan de 12 a 16 horas, será de $ 7000. para julio, y dos de $6000 para agosto y septiembre. Las que trabajan de 0 a 12 horas, recibirán tres bonos de $ 4000, respectivamente.
Las partes acordaron además volverse a reencontrar en octubre próximo para repactar un ajuste.
De esta forma, la remuneración mínima mensual para la categoría más demandada será: en julio de $367.163 más $10.000 bono; en agosto de $ 370.835 más bono $9.500, y en septiembre de $ 374.544 más bono $9.500
El último incremento salarial había sido aprobado en el segundo semestre del año pasado, en un contexto económico muy diferente al actual. Desde entonces, el aumento del costo de vida y la caída del poder adquisitivo encendieron las alarmas en un sector que agrupa a más de 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país, muchas de ellas en condiciones de informalidad.
La CNTCP está integrada por representantes del Gobierno, de las empleadas y de los empleadores del sector. Tiene entre sus atribuciones la fijación de las remuneraciones mínimas, la elaboración de condiciones laborales y la regulación de beneficios sociales.