El reciente superávit financiero de $662.123 millones de pesos en mayo, anunciado por la Secretaría de Hacienda, se explica en gran medida por la drástica reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos, un costo que recae cada vez más en la población. Los subsidios económicos cayeron un 33,7% interanual, con una disminución del 49,1% en los energéticos, mientras que los de transporte aumentaron un 64,2%.
Este ahorro gubernamental se logró al trasladar a más usuarios el costo total de la producción de gas y electricidad. Según Chequeado.com, 1,8 millones de hogares de menores ingresos (N2) pasaron a ser de mayores ingresos (N1) en el caso de la electricidad, pagando la factura sin subsidios. Además, 300 mil usuarios N2 fueron reclasificados como N3 (ingresos medios), con menor proporción de subsidios. En el gas, 458 mil hogares perdieron el beneficio.
Esta medida ha mejorado las cuentas públicas, generando un superávit primario de $1,7 billones en mayo. Sin embargo, la forma en que el gobierno gestiona la deuda ha desatado una polémica académica. La preferencia por las Letras Capitalizables (Lecap), que incluyen intereses en el capital a devolver, oculta el verdadero peso de la deuda. Analistas sugieren que, si los intereses se imputaran correctamente, el gobierno habría tenido déficit financiero en 12 de sus primeros 16 meses, a diferencia de los dos reconocidos oficialmente.
Un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) publicado por Tiempo Argentino revela una caída nominal del 45% en los subsidios a Agua, Energía y Transporte, que en términos reales (con inflación) asciende al 63%. Esta disminución se debe principalmente a menores transferencias a Cammesa y Enarsa, responsables de administrar el sistema eléctrico e importaciones de gas.
Como resultado, la "canasta de servicios públicos" en el AMBA (gas, electricidad, agua y transporte sin subsidios) alcanzó los $183.496 en junio. Para los beneficiarios de subsidios, la proporción de la tarifa plena que pagan los usuarios pasó del 43% hace un año al 54% actual.
Este panorama ha impactado negativamente el “ingreso disponible” de las familias. La consultora Empiria calculó una caída del 11% en términos reales en mayo con relación a diciembre de 2023. La tendencia podría continuar, dado que el presidente Javier Milei ha retuiteado publicaciones que indican su intención de acentuar el ajuste fiscal para alcanzar una meta de superávit financiero del 1,6% del PBI. Expertos de LCG estiman que esto requerirá una "nueva ola de ajuste" centrada en subsidios y gastos operativos.
