El presidente Milei no se cansa de repetir que todas sus políticas se enmarcan en tres derechos: la libertad, la vida y la propiedad privada.

En ese marco, la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se entiende como una acción política tendiente a que los administrados (establecimientos vitivinícolas) puedan desempeñar sus actividades industriales y comerciales con mayor libertad con el objetivo de ganar competitividad. Ni más, ni menos.

La respuesta generalizada del sector fue de festejo y júbilo, ya que la mayor parte de las regulaciones vigentes hasta ese momento eran de “otro tiempo” de “otra vitivinicultura”.

No obstante, cuando se pasó el peine fino a las casi mil normas dejadas sin efecto, la mayor parte de los representantes del sector y, también los ministros de las provincias vitivinícolas más relevantes, pusieron foco en dos o tres cuestiones cuya remoción parecían absolutamente innecesarias. La más importante de ellas: quitar la obligación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU).

Las razones son obvias, dado que cabía la posibilidad de que, esta mayor libertad se convierta en libertinaje; y muchos de los actores, voluntariamente, decidieran no presentar este documento tan caro a los intereses estadísticos, fiscales, de trazabilidad, sanitarios y cualitativos, que necesita y requiere el sector. Sin embargo, el más relevante de los intereses que parece haberse olvidado el Ministro de Desregulación, es una de las banderas más caras de Milei: LA OBLIGATORIEDAD DEL CIU AYUDA A PROTEGER LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS PRODUCTORES NO INTEGRADOS, LA GENUINIDAD DEL PRODUCTO (VIDA) Y NO LE CUESTA NADA AL ESTADO.

Todas estas cuestiones le fueron explicadas al Ministro en diversas reuniones y llamados telefónicos de funcionarios provinciales, de representantes del sector vitivinícola y también por propios colegas funcionarios nacionales. No obstante, lejos de revisar y escuchar, tuvo el desacierto de comparar a los representantes de los pequeños productores viñateros, que reclamaban por su propiedad privada, con otros personajes corporativos que nada tienen que ver por muchas razones, pero la principal por el volumen del negocio en cuestión.

El 23 de diciembre del presente año, previo a la Nochebuena, el Juzgado Federal de Mendoza 2 resolvió, entre otras cuestiones: “HACER LUGAR a la medida cautelar incoada por la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas y la Cámara de Productores Agrícolas, por el plazo de cinco (5) meses a contar de la notificación de la presente (artículo 5° de la ley 26.854) o hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión ventilada en estos actuados, lo que suceda primero, y, en consecuencia, ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA: la suspensión provisoria de la aplicación de las siguientes normas: 1°) Art. 40 1º párrafo del DIGESTO VITIVINICOLA aprobado por el Art. 1º de la Res. INV 37/2025 (ANEXO I) que establece: “La DECLARACIÓN JURADA DE CERTIFICACIÓN DE COSECHA reemplazará a la DECLARACIÓN JURADA DE INGRESO DE UVA (CIU), la cual dejará de ser un requisito para los productores y elaboradores”.

Al conocerse la resolución judicial, la mayor parte de los actores del sector y, sobre todo, aquellos que tenemos responsabilidades políticas respiramos hondo y agradecimos al Juzgado, a Dios, al Universo; en definitiva, a esta ventana de tiempo que se nos abrió para poder analizar en conciencia la medida pretendida por el ministro desregulador y algunos más.

Finalmente, aclaro que además de funcionario público de San Juan y ex funcionario de Mendoza, soy economista formado en la UNCuyo y en la UCEMA, con los mismos libros e ideas que se formó Federico Sturzenegger. No obstante, eliminar la obligatoriedad del CIU es casi tan grave como eliminar la obligatoriedad del Documento Nacional de Identidad (DNI) sumado a la cartilla sanitaria o historia clínica de cada uno de nosotros, ya que el CIU nos dice qué variedad de uva es, de qué viñedo salió, con cuanto tenor azucarino ingresó a bodega, con qué características sanitarias y otros datos muy relevantes para determinar la identidad, la calidad y la genuinidad de los productos vitivinícolas que se ofrecen a los consumidores nacionales y extranjeros.

Espero que esta nota de opinión no se tome como una crítica a la persona de Federico ni a la política general del Gobierno Nacional, la cual apoyo y comparto en términos generales, es solo una expresión de deseo y un llamado a la toma de conciencia para que superemos esta situación en paz y unidad.