La ley de Modernización Laboral incorpora en su artículo 191 una reducción de las alícuotas del impuesto a las ganancias para sociedades que generará un impacto fiscal de 0,3 puntos del PBI y beneficiará principalmente a solo 144 grandes empresas del país, según reveló un informe del diputado nacional Guillermo Michel.
La modificación establece una baja en los tramos 2 y 3 del impuesto: del 30% al 27% para ganancias entre $101,7 millones y $1.016,8 millones, y del 35% al 31,5% para ganancias superiores a $1.016,8 millones.
Concentración extrema del beneficio fiscal
El análisis elaborado por Michel con datos del organismo recaudador revela una concentración extraordinaria en la estructura tributaria argentina. De las 163.587 sociedades que presentaron declaración jurada con impuesto determinado en 2024, solo 144 empresas representan el 0,1% del total pero concentran el 56,4% de la recaudación del tributo.
“Solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal”, advierte el documento, que toma como base el cuadro 2.3.3.3.1 de “Impuesto a las Ganancias Sociedades” publicado por ARCA (ex AFIP).
La segmentación muestra que 146.257 sociedades (89,4% del total) aportan apenas el 7,9% del impuesto, mientras que 1.856 sociedades (1,1%) concentran el 76,3% de la recaudación.
Impacto en la recaudación nacional
En el presupuesto 2026 el gobierno proyecta recaudar $48,4 billones por impuesto a las ganancias, equivalente a 4,48 puntos del PBI. De ese total, un 71% corresponde a sociedades, lo que representa $34,3 billones.
Con la reforma, esa recaudación caería a $31,7 billones, generando una baja proyectada de $3,1 billones, equivalente a 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno.
“La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar”, señala el informe del legislador.
¿Cuánto perderán Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba?
Del total de la baja proyectada de recaudación, $1,7 billones corresponden a las provincias por aplicación de la ley de Coparticipación Federal. Esto representa un promedio mensual de $144.000 millones menos durante todo 2026.
Las jurisdicciones más afectadas serán la provincia de Buenos Aires, con una pérdida anual de $366.557 millones ($30.546 millones mensuales); Santa Fe, con $148.698 millones anuales ($12.391 millones por mes); y Córdoba, con $145.240 millones al año ($12.103 millones mensuales).
Chaco y Entre Ríos perderían cada una $81.265 millones anuales ($6.772 millones mensuales), mientras que Tucumán resignaría $79.536 millones ($6.628 millones por mes). Incluso provincias más pequeñas como Tierra del Fuego sufrirían una caída de $22.478 millones anuales.
Críticas y cuestionamientos al oficialismo
El diputado Michel plantea tres interrogantes clave sobre la medida fiscal: “¿El gobierno cómo piensa compensar la caída de 0,3 puntos del PBI? ¿Cómo se achica el gasto en el presupuesto para mantener el superávit de 1,5 puntos del PBI? ¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?”.
El legislador cuestiona que se trate de “una decisión de política fiscal donde el estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades, solo 0,1% del total, que además son el mismo universo de contribuyentes que ya se beneficiaron del RIGI o con la baja extraordinaria a 0% de los derechos de exportación”.
Esa última medida, implementada en septiembre, también tuvo un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI, según el documento.
Inclusión en reforma laboral genera controversia
“Esta baja intempestiva de la alícuota del impuesto a las ganancias incluida en una reforma laboral e ingresada por la Cámara de Senadores genera varios interrogantes”, afirma Michel, quien considera que la medida “requiere de un análisis profundo y no pretender discutirlo como ‘un punto más’ de la reforma laboral”.
La modificación impositiva quedó incorporada en el proyecto de Modernización Laboral que actualmente se debate en el Congreso Nacional, generando cuestionamientos sobre la pertinencia de incluir cambios fiscales de esta magnitud en una normativa centrada en relaciones del trabajo.
