Una de las noticias más relevantes de la semana fue sin duda el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Aún no se da a conocer la letra chica del convenio, pero sí se sabe a grandes rasgos cuáles serán las condiciones generales. 

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA.

Por el lado de Estados Unidos, el país norteamericano deberá bajar aranceles para el ingreso de mercadería argentina y tendrá que permitir la comercialización de productos que hasta el momento tenían prohibido el acceso al mercado estadounidense, entre otros puntos. 

El impacto en la economía mendocina

Si bien el anuncio generó expectativa en la provincia, los actores locales coinciden en que el impacto final dependerá de las precisiones que aún no se conocen: el cronograma, las listas de productos alcanzados y el detalle de los aranceles que efectivamente se eliminarán o reducirán. Con ese punto de partida, las visiones dentro del sector empresario muestran matices.

Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su presidente, Santiago Laugero, advierte que el acuerdo abre oportunidades, pero también plantea desafíos que la provincia deberá atender. Señala que la letra chica será decisiva y que los efectos no dependerán solo del marco bilateral, sino también de políticas locales vinculadas a promoción de exportaciones, líneas de crédito, infraestructura y logística.

Según su análisis, algunos sectores mendocinos podrían beneficiarse si se consolidan condiciones favorables para ingresar al mercado estadounidense. Entre ellos menciona la vitivinicultura de alta gama, alimentos procesados de calidad —como aceite de oliva, frutos secos o conservas— y servicios asociados a la instalación y mantenimiento de maquinaria. Incluso identifica un posible impulso al turismo de alta gama si el acuerdo facilita inversiones o mejora la conectividad.

Sin embargo, Laugero también remarca que existen ramas sensibles que podrían enfrentar competencia adicional. La industria manufacturera y los bienes de consumo durables aparecen entre las actividades expuestas si se flexibilizan los aranceles para maquinaria, vehículos o insumos industriales. También identifica riesgos para algunos segmentos farmacéuticos, equipamiento médico y ciertos subsectores agropecuarios, especialmente si se amplía el ingreso de carnes o productos ganaderos desde Estados Unidos.

En el caso de la vitivinicultura, aclara que la competencia podría sentirse en los segmentos de precios más bajos, aunque considera que los vinos premium mendocinos tendrían margen para ganar terreno si se trabaja en certificaciones, marketing y distribución. En fruticultura y hortalizas, el panorama dependerá de las categorías involucradas y de la capacidad de las empresas para enfocarse en productos procesados de mayor valor agregado. En ganadería, el impacto sería acotado mientras no haya cambios significativos en las cuotas ni en las condiciones sanitarias.

Las oportunidades y límites 

Para la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, el acuerdo es mayormente visto como una señal positiva. Su gerente, Mario Bustos Carra, sostiene que Estados Unidos es un socio estratégico por volumen de consumo y capacidad de inversión. Si el marco bilateral facilita un vínculo comercial más fluido, afirma, la provincia podría obtener beneficios en varios sectores, aunque la magnitud dependerá nuevamente del detalle final sobre qué bienes y servicios estarán incluidos.

Aun así, reconoce que existe preocupación por la competencia que podrían generar los productos estadounidenses en rubros similares a los mendocinos, especialmente en actividades agroindustriales. Por eso insiste en que cualquier evaluación más específica requiere conocer el alcance sectorial del convenio.

Bustos Carra también plantea que la discusión no puede limitarse al comportamiento de Estados Unidos. Desde su perspectiva, Argentina necesita avanzar en reformas que reduzcan la presión tributaria, modernicen la normativa laboral y agilicen los trámites vinculados al comercio exterior. Considera que gran parte de la pérdida de competitividad proviene de factores internos, por lo que un acuerdo internacional solo tendría realmente impacto si se corrigen esas condiciones de base.

La visión crítica: riesgos para la producción local

Una mirada distinta surge del informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)m que cuestiona el acuerdo por considerarlo desequilibrado y sin beneficios equivalentes para Argentina. El documento sostiene que el marco presentado no refleja reciprocidad y que las concesiones recaen principalmente sobre el lado argentino, mientras que Estados Unidos no detalla compromisos concretos.

Entre los puntos señalados, CEPA advierte que la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias —sumada al alineamiento con estándares regulatorios estadounidenses, como la aceptación de certificaciones de la FDA para alimentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos— implicaría una apertura con efectos sensibles sobre el aparato productivo local. Según su análisis, la medida impactaría especialmente en sectores industriales donde la productividad estadounidense es mayor, como bienes de capital, automotrices y medicamentos.

El informe también cuestiona la ausencia de estudios sectoriales previos y alerta por el posible efecto sobre actividades agrícolas en las que ambos países compiten. A su vez, interpreta el acuerdo como parte del reordenamiento geopolítico vinculado a la disputa entre Estados Unidos y China, lo que podría limitar el espacio para desarrollos tecnológicos y proyectos de mayor valor agregado en Argentina.

Por último, CEPA señala que varios de los compromisos incluidos en el marco del acuerdo involucran competencias del Congreso argentino y de las provincias, por lo que considera necesaria una explicación oficial sobre su alcance real y la fundamentación de los criterios adoptados.