Con un Congreso renovado, el Gobierno nacional intentará una vez más imponer su agenda legislativa, en la que se destaca el tratamiento de la reforma laboral. Con el argumento de “modernizar” las relaciones laborales y reducir la informalidad, el Ejecutivo de Javier Milei pretende cambiar aspectos centrales de la legislación vigente, que rige desde hace más de medio siglo, y adaptarla a nuevas formas de trabajo y producción.

El punto de partida del diagnóstico oficial es el mismo que se repite en los discursos del presidente: la existencia de un mercado laboral con elevados niveles de informalidad y un marco legal que desalienta la creación de empleo formal.

El Gobierno sostiene que las actuales regulaciones generan costos excesivos y alta litigiosidad, lo que termina frenando las contrataciones. En ese sentido, la reforma busca reducir los riesgos y cargas que hoy enfrentan las empresas al incorporar personal, a la vez que incentiva la formalización mediante un esquema más previsible y menos oneroso.

Los ejes centrales de la reforma

La propuesta del Ejecutivo se estructura en torno a varios cambios clave:

• Salarios dinámicos y mayor flexibilidad en las negociaciones: El esquema salarial dejaría de estar totalmente atado a paritarias generales y se permitiría que cada sector, región o empresa pacte sus propios acuerdos en función de la productividad o los resultados económicos. La idea es reemplazar los ajustes automáticos por inflación por un sistema más vinculado al desempeño.
• Nuevas reglas para las indemnizaciones. El Gobierno impulsa la creación de fondos de cese laboral, similares a los que existen en algunas actividades, que funcionen como seguros individuales o colectivos para reemplazar la indemnización tradicional por despido. El objetivo es reducir la litigiosidad.

• Contratos más flexibles y modalidades adaptadas. Se promoverían figuras contractuales nuevas, pensadas para emprendimientos, economías regionales o trabajos por plataformas. Según el Gobierno, se simplificarían los trámites de registro y se permitiría la coexistencia de distintas formas de contratación bajo un marco común.
• Cambios en licencias y vacaciones. La iniciativa incluye una revisión del régimen de licencias, con posibilidad de fraccionar vacaciones y ampliar derechos parentales para ambos padres, en línea con prácticas más modernas.
• Actualización sindical. Se prevé ajustar el alcance de los convenios colectivos y redefinir el rol de los sindicatos en la negociación sectorial, con el fin de otorgar mayor espacio a los acuerdos por empresa.

Los argumentos oficiales y las críticas

Desde el Gobierno y los sectores empresarios se insiste en que una legislación laboral más flexible permitirá generar empleo formal, atraer inversiones y reducir la brecha entre trabajadores registrados e informales.
El planteo es que la normativa actual fue pensada para un mundo industrial del siglo pasado y que ya no se ajusta a la realidad de la economía digital, los servicios y el trabajo remoto.

Sin embargo, los gremios y parte de la oposición advierten que la reforma puede derivar en una pérdida de derechos adquiridos, con menor estabilidad laboral y protección para el trabajador. También alertan sobre la posible fragmentación de la negociación colectiva y una reducción en las indemnizaciones efectivas frente a los despidos.