Una reforma tardía, en una Mendoza laboralmente complicada

Los cambios laborales encuentran a la provincia con unas 240 mil personas con problemas de empleo. ¿Se creará más empleo? ¿Cómo juega el avance de la tecnología?

ECONOMIA

El viernes pasado finalmente la Cámara de Senadores convirtió en ley la Reforma Laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. Sabemos que entre las principales modificaciones se encuentran los cambios en indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la duración de la jornada laboral y el salario dinámico; entre otras cosas.

Desde el Gobierno Nacional, referentes políticos que no pertenecen al espacio libertario pero que acompañan la gestión Milei y desde diferentes sectores empresarios han afirmado que la nueva ley hará crecer el empleo; apelando siempre a que el trabajo formal está estancado y argumentando que el único tipo de ocupación que ha crecido en los últimos años es la informal, por lo caro que sale contratar y despedir a un empleado formal, precisamente porque no se había realizado la reforma laboral.

Pero si bien la formalidad del empleo es hoy uno de las luces rojas del mercado laboral, el principal punto que no es abordado por esta ley, es el del avance tecnológico y la inteligencia artificial sobre los trabajos realizados por personas. Están los que sostienen que la ley llega tarde por este motivo, debido a que el reemplazo de empleados por tecnología avanza y nada contempla la nueva norma en este sentido, mientras que en el mundo es el tema que se está discutiendo. Por otra parte, otros agradecen que no lo hayan abordado, porque “iba a ser para perjudicar a los que hoy tienen trabajo”.

El reemplazo de personas por tecnología avanza en el mercado laboral y un ejemplo claro es lo que sucede en el sector bancario. El Santander es el banco que más sucursales cerró en Argentina, casi 100 en tres años. Despidió gente, precisamente porque serán reemplazados por máquinas, es el plan que definió la compañía. El 90% de las operaciones se realizan de manera virtual. En el gremio entienden que eliminarán 500 empleados en todo el país.

A nivel mundial, esta semana se supo que la empresa tecnológica Block que creó Jack Dorsery, el fundador de Twitter, se deshizo de 4.000 trabajadores de los 10 mil que tenía. Pero es raro que pase una semana sin que alguna empresa grande, no anuncie reducción de personal. También están a la orden del día las advertencias sobre el empleo que realizan los dueños de las principales empresas tecnológicas.

Sobre este punto, Lucas Gómez Portillo, abogado especialista en tecnología, explicó que la función del trabajo registrado se ha debilitado entonces ya es más sencilla cualquier reforma que degrade derechos. “El trabajo está en crisis sociológica, en crisis cultural, era el gran ordenador del siglo XX en la estructura capitalista e incluso socialista. Actualmente, por lo menos en esta parte del mundo, ya no cumple ese rol ordenador o entra en crisis con otras figuras que lo que hacen en realidad, es mostrar menor estabilidad, menor calidad y menor previsibilidad para las personas que participan en ese mercado laboral”.

Agregó que todo esto sucede en el marco de los movimientos tecnológicos que han ido haciendo que el empleo se vaya precarizando y eso se va acelerando. “Creo que estamos en la puerta de un proceso de mayor liquidación de todos los vínculos laborales más estables, vamos a un sistema destructor de determinados lazos sociales. Lejos de lo que se supone, que estos mecanismos de flexibilización mejoran la posibilidad de crear empleo, lo que hace es debilitar la posibilidad de que haya un mercado interno, entonces eso le abre las puertas a este proceso de gran exclusión que puede tener lugar a partir de determinadas tecnologías”.

Igual tranquilos, prácticamente ningún político local está pensando en esto. La mayoría ya tiene resuelto su patrimonio, sean del partido que sea, por lo tanto, no es problema de ellos ocuparse.

Además de la falta de regulaciones sobre la tecnología y el trabajo de las personas, hay informes del IARAF que señalan que esta reforma no logra bajar el costo laboral al nivel de otros países y que la mejora es mínima. Quizá en no mucho tiempo, considerarán necesario hacer otra modificación.

¿Se creará más empleo?

Así como indicamos que muchos salieron a decir que con la reforma laboral se creará empleo porque alentará la contratación de gente de manera formal, están los que afirman que nada de eso ocurrirá si la economía no crece y mejora el consumo. Algo adelantó Gómez Portillo.

Aquí nos chocamos con otro problema y una prueba contundente que brinda la Consultora C-P: “Usualmente, el crecimiento del PBI tiene su contracara en la creación de puestos de trabajo en el sector privado registrado. Ahora bien, la dinámica reciente muestra una divergencia relevante: mientras el PBI mostró una recuperación que le permitió superar los niveles de 2023, el sector privado registrado acumula una destrucción de 176.900 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025”.

La consultora también detalló en un hilo de X otros puntos de la reforma:

  • El gobierno llevó adelante una reforma laboral bajo los pilares de la flexibilización laboral, la rebaja de los costos, la descentralización de las relaciones laborales y la facilitación de los despidos. No obstante, los antecedentes muestran que esta agenda tiene un elevado riesgo de frustración.
  • La reforma introduce transformaciones profundas en el régimen laboral argentino: debilita el poder sindical, amplía los márgenes de flexibilidad en las condiciones individuales, reduce las contribuciones patronales y crea el Fondo de Asistencia Laboral.
  • La agenda impone grandes interrogantes sobre la posibilidad de mejora del empleo formal (influenciado más por el crecimiento y la productividad que por la legislación) y amenaza con incrementar las desvinculaciones en el corto plazo, especialmente en empresas medianas y grandes.
  • El gobierno plantea la reforma como una modernización, sin embargo, luce más como una búsqueda por forzar la tolerancia social del programa económico, con el fin de avanzar en la estabilización y el cambio de la estructura laboral y productiva.
  • El futuro de la ley y su implementación dependerán centralmente del éxito del programa de estabilización, la posibilidad de retomar un sendero de crecimiento y la legitimidad social del esquema de ganadores y perdedores que genera.
  • Los datos del EMAE-INDEC confirmaron que el 2025 finalizó con un crecimiento respecto a 2024, fuertemente afectado por un arrastre estadístico y cuestiones metodológicas. La tendencia estancacionista continúa vigente.
  • El proceso de estabilización no soluciona la crisis de ingresos, y el cambio estructural no dinamiza la demanda e impone un estancamiento en el corto-mediano plazo.
  • El gobierno busca que las exportaciones y la inversión reemplacen al consumo como “motores del crecimiento”.
  • Aún con supuestos optimistas la economía apenas crecería en 2026. El modelo macro impone un esquema de “supervivencia del más apto”, dónde únicamente logran crecer aquellos sectores vinculados a los recursos naturales.
  • El cambio estructural tiene elevados costos sociolaborales: pese a la recuperación de la actividad, el empleo privado registrado continuó contrayéndose en 2025. Esta dinámica responde a una recomposición sectorial en la que los sectores ganadores presentan baja intensidad laboral, mientras que los sectores rezagados —más intensivos en mano de obra— concentran la destrucción de puestos de trabajo.
  • En este marco no es llamativo observar cierre de empresas y un aumento de la mora crediticia de los hogares.
  • Estos indicadores evidencian los límites del esquema actual y ponen en duda la capacidad del crédito para convertirse en motor de salida del estancamiento.

La realidad laboral en Mendoza

Al momento de aprobarse la reforma, la tasa de desocupación en nuestra provincia llega al 6,2% al tercer trimestre del 2025 según Indec. Hay casi 240 mil personas con problemas de empleo, más precisamente 237.000. Son 33 mil desocupados, 119 ocupados que demandan trabajo porque los salarios o las condiciones laborales que tienen no los benefician y 85 mil subocupados que trabajan menos de 8 horas diarias.

Dos años atrás, en el tercer trimestre del 2024, eran menos las personas con problemas de empleo en Mendoza: llegaban a las 227.000, 10 mil menos. En San Juan sucedió al revés, mejoró su situación. En el tercer trimestre del 2023 había 97 mil personas con problemas de empleo: 11 mil desocupados, 50 mil ocupados demandantes de empleo y 36 mil subocupados. En el mismo período del 2025, último dato del Indec, la cantidad de personas con problemas de empleo quedó en 91 mil; 6 mil menos.

Pero hay otros indicadores que muestran la dura realidad laboral de Mendoza frente a San Juan. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia perdió casi 5.000 puestos de trabajo entre noviembre del 2024 y el mismo mes del 2025, es el último dato de la entidad. San Juan en cambio, siempre según el SIPA, sumó 2.300 empleos entre noviembre del 2024 y el mismo mes del 2025.

También marcan una disminución para Mendoza en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). A noviembre del 2024, según el dato más reciente difundido, la provincia tenía 427.868 personas trabajando formalmente, y en el mismo mes del 2025 bajó a 426.228; 1.640 puestos de trabajo menos.

Otra vez, San Juan incrementó la cantidad de gente con empleo formal, según la SRT. En noviembre del 2024 había 158.731 personas con trabajo en blanco y en el mismo mes del 2025 aumentó a 162.146; 3.415 puestos más.

Además, la informalidad laboral en el Gran Mendoza llega al 52,5% y se encuentra entre el grupo de los siete aglomerados del país que más elevado tienen el porcentaje según el estudio Panorama del empleo informal y la pobreza laboral de diciembre de 2025, realizado por dos destacados investigadores de Ciencias Sociales como lo son Roxana Maurizio y Luis Beccaria que son parte del área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que reúne invesigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. En este indicador el Gran Mendoza le gana al Gran San Juan, provincia on una informalidad laboral del 57,2%.

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