Los millones de dólares que están en juego por la expropiación de Penitentes

Mientras el gobierno apuesta a reactivar Penitentes con la adjudicación a Mapsa Group, en el Poder Judicial avanza el reclamo de la familia López Frugoni para que el Estado les pague el precio real de los inmuebles y servicios que hoy existen en el centro de esquí. Un informe técnico realizado por una profesional afirma que el total supera los 31 millones de dólares, es decir, seis veces más de lo que Mapsa está dispuesto a invertir en los próximos 5 años. El Ejecutivo no coincide con ese cálculo y afirma que solo deben pagarse los bienes ubicados en los polígonos expropiados al privado y no reconocen derechos respecto a lo que construyeron en el predio que el Estado les había dado en concesión. La jueza María Eugenia Guzmán es la encargada de establecer cuánto vale realmente Penitentes.

Con ese objetivo le ordenó al Tribunal de Tasación que tase "la totalidad de los polígonos y del terreno concesionado con las mejoras existentes". Según pudo confirmar El Medio, el 20 de noviembre se llevó adelante la reunión del Tribunal y quedó claro no hay un criterio uniforme respecto a la tasación. Desde el gobierno aseguran que solo debe cotizarse lo que se expropió e incluso marcan diferencias con el precio de los inmuebles que se han construido en esos polígonos.

Según el cálculo de la arquitecta Mirta Almenara, los edificios del centro de esquí suman un valor total de 16 millones de dólares. A eso suma 1 millón de dólares por las redes de servicios y finalmente otros 14 millones de pesos por los medios de elevación, sistemas de protección, etc. El total es de 31 millones de dólares.

A pesar de que la jueza ordenó tasar la totalidad de los bienes, en el Ejecutivo provincial entienden que Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno han dejado claro que los bienes edificados sobre terrenos públicos no deben pagarse. Ese es el foco del conflicto, ya que desde Los Penitentes Centro de Esquí esgrimen que su fundador, Emilio López Frugoni padre, invirtió mucho más de lo que tenía obligación de hacer. "Argumentan que el centro de esquí podría haber funcionado con una boletera y un medio de elevación y sin embargo invirtieron mucho más", reconocen desde el Ejecutivo pero señalan que por ley no están obligados a indemnizar por obras que se hicieron en un terreno que había sido concesionado por el Estado.

"El convenio establecía que cuando terminaba la concesión de los bienes públicos, quedaban para el estado con sus mejoras. Tenían cuarenta años para amortizar la inversión", subrayan desde el Gobierno provincial.

El Tribunal de Tasaciones está integrado por Agustín Javier (Ministerio de Hacienda), Marisa Tennerini (Ministerio de Ambiente), Francos Scolaro (Ministerio de Producción), Valeria Marino (ATM), Juan Gabriel Sánchez (Consejo de Ciencias Económicas), Carlos Farina (Colegio de Corredores) y finalmente la arquitecta Mirta Almenara en representación del expropiado.

 "El Ejecutivo tiene mayoría y algunos integrantes del tribunal dicen que tienen instrucciones de tasar solo el precio de los terrenos", lamentaron desde la empresa denunciante. La diferencia de criterio tiene un impacto sustancial de millones de dólares. Solamente en los 9 polígonos expropiados la tasadora Almenara afirma que hay edificios valuados en 4.3 millones de dólares. Pero a eso suma otros 11.6 millones de dólares por los inmuebles que Los Penitentes Centro de Esquí construyó sobre el predio que se les había concesionado.

Los edificios expropiados son el restaurante "La Herradura", la Boletería con Centro Médico, el Rental de esquí, la cabaña Patagonia y el bar El Límite. Mientras tanto, en el predio estatal el concesionario construyó la Hostería Los Penitentes, el galpón para taller y proveeduría, el Restaurante "El Parador", el galón para red eléctrica, el Hostel, el Galpón Quemado, la cabaña "Pichín" y el bar "La Barraca". Para el Gobierno esos bienes no deben indemnizarse. 

Otro punto de discusión es cuánto cuesta construir en alta montaña. "Según el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el valor de construcción de un metro cuadrado en Julio de 2016 equivalía a $11.206,06 y en la misma fecha, el valor del Dólar oficial según cotización del Banco Nación, era de $14,00. Es decir, aproximadamente unos USD $800,00 por cada m². Pero vale aclarar que ese valor de construcción está calculado para una vivienda tipo, con técnica tradicional, ubicada en plena ciudad, formada con materiales estándar y usando mano de obra común", remarca el informe de Almenara aclarando que "en la Alta Montaña, el escenario cambia radicalmente y los costos se incrementan debido a las condiciones extremas en la que se desarrollan las obras".

"Además, las obras en la Alta Montaña requieren de factores puntuales y de incrementos considerables como el sobredimensionamiento estructural, la provisión extra de capas aislantes, el solapamiento de los sistemas de climatización, el aumento obligado en las condiciones de confort, la necesidad de recurrir a tecnologías aplicadas, el uso de mano de obra especializada, los honorarios para profesionales específicos y muchos otros ítems que finalmente se traducen en mayores costos de construcción", adhiere el informe.

Desde el Gobierno discuten esa postura y aclaran que es complejo cotizar inmuebles con tantos años y tan deteriorados por las contingencias climáticas.

La pelea está abierta y a pesar de ello el Ejecutivo decidió avanzar con la adjudicación del predio a Mapsa Group. La empresa que tiene como titular a Pablo García se comprometió a realizar una inversión inicial de 500 mil dólares y afirma que en los próximos cinco años llegará a los 6 millones de dólares.

El nombre, otra disputa legal

Otro punto en pugna tiene que ver con el nombre Penitentes. Desde Los Penitentes Centro de Esquí esgrimen que la marca les pertenece y que existe una orden judicial que así lo confirma. Sin embargo, el Gobierno de Mendoza aseguró que se seguirá utilizando en alusión al nombre del cerro Penitentes.

"Respecto al uso de marca 'Penitentes' se aclara en primer término que la Administración en ningún momento contravino una orden judicial respecto de la marca PENITENTES CENTRO DE ESQUÍ", argumentan. Incluso afirman que el uso de la palabra Penitentes en la oferta presentada por la empresa adjudicataria (Mapsa) "hizo referencia a esta expresión como indicativa de la localidad y lugar en el cual se emplaza el objeto de la concesión, la cual pertenece al distrito de Uspallata, Departamento de Las Heras".

"En este sentido, se debe considerar que la mención de Penitentes como zona no puede ser registrada como marca", remarcan desde el Ejecutivo e informan que "el Gobierno provincial utiliza y utilizará la expresión Penitentes no como una marca, sino por ser el nombre indicativo de tal zona en virtud de su cercanía al cerro denominado Penitentes".