Inspectores de Cauce: “La autorización de pozos es sospechosa”

Las Asociaciones e Inspecciones de Cauces del Río Mendoza manifestaron su preocupación “por la sospechosa autorización de perforaciones a poderosos empresarios en la Cuenca del Río Mendoza, en zona de restricción del acuífero de margen derecha y Subcuenca del Arroyo Carrizal debido a la afectación que se produce del agua subterránea en nuestra zona irrigada, también por el desconcierto y la inseguridad que generan estas situaciones al resto de los productores que hoy invierten y trabajan diariamente por el agua y para el desarrollo productivo de Mendoza”, indicaron a través de un comunicado.

Esto es en relación a la nota que el domingo pasado, El Medio publicó en donde se indicaba que el Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, avanzó con la redistribución de agua disponible en una zona, cuyo acuífero está restringido para hacer nuevas perforaciones durante dos años según lo dispuso él mismo en la Resolución 1108 de agosto del 2024.

No obstante, autorizó el inicio de los trámites para realizar perforaciones a través de la Resolución 125 a cuatro empresas:

• -Cinco pozos para Cresud SAFIC y A, perteneciente al Grupo IRSA (Alto Palermo y Mendoza Shopping) cuyo titular es el influyente empresario mileista Eduardo Elsztain.
• -Dos pozos Chimpay La Rioja S.A., empresa del empresario coreano con desarrollos de lujo en Estados Unidos, Young Woo.
• -Un pozo para García Mateo Pedro.
• -Un pozo para Grappolo S.A. de Walter Bressia, dueño de la Bodega Bressia y actual presidente de Bodegas de Argentina.

Por lo pronto, el Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, se puso a disposición de la Legislatura para explicar sus decisiones y estará el martes en la Cámara de Diputados respondiendo preguntas. El diputado Eduardo Difonso presentó un texto en ese sentido. También podría enfrentar un Jury de Enjuiciamiento pedido por el senador Félix González.

Los miembros de las Asociaciones e Inspecciones de Cauces del Río Mendoza también se manifestaron sobre otros temas relacionados con la gestión Marinelli y señalaron que “la agravante situación hídrica que atraviesa nuestra provincia, ha sido generada por una deficiente planificación, gestión y administración del agua del Gobierno de Mendoza y el Departamento General de Irrigación en las últimas gestiones, a lo que se suma el abandono del Gobierno Nacional en temas estratégicos de fortalecimiento institucional, infraestructura, financiamiento e inversiones hidráulicas que impactan en el territorio”.

“El sistema hidroenergético, aluvional, cloacal, potable y de riego en Mendoza, que debe ser tratado integralmente, se encuentra destruido, colapsado y no satisface las demandas actuales y futuras en tiempos de variabilidad climática. Junto a la fragilidad del sistema se suma una inoperancia manifiesta en la gestión actual que hacen aún más vulnerable los servicios que deben prestarse a los ciudadanos y al aparato productivo que depende del mismo".

Agregan que "Basta ver para ello algunas contingencias que han afectado al ambiente y a la infraestructura hidrica como han sido la salida de funcionamiento de compuertas del Dique Carrodilla que permiten el abastecimiento de 3 (tres) Plantas Potabilizadoras del Gran Mendoza, las roturas del Canal San Martín en plena temporada de riego que tuvieron demoras desmedidas; la contaminación por hidrocarburos por la actividad petrolera en Lunlunta que sigue como un pasivo ambiental sin resolver  y el reciente colapso de la colectora cloacal con graves efectos en zonas irrigadas de Guaymallen y Lavalle que siguen sin solución con efectos ambientales y productivos incuantificables”.

A todas las problemáticas mencionadas se suman fracasos gubernamentales sistemáticos que potencian los riesgos e incertidumbres como han sido los intentos fallidos de llevar a cabo la Ley de Sequía, los Proyectos de la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Económico Ambiental y Social (CEAS), el Código de Aguas y el Plan Maestro del Sector Hídrico Provincial. Cada una de estas líneas han sido analizadas oportunamente por las Organizaciones de Usuarios del Río Mendoza detectándose inconsistencias significativas que han impedido su implementación, además de afectar los intereses de los usuarios en el marco del modelo de gestión hídrica descentralizada vigente.

Agregan además, ocho puntos más:

• El Proyecto de Ley de Sequía de 2020 fue considerado extemporáneo y abusivo, mezclando prioridades de uso del agua y afectando gravemente la administración. Un ejemplo claro fue la asignación de prioridad a la minería por encima de usos esenciales como espacios verdes y turismo, lo que generó un desequilibrio en la asignación de recursos hídricos.
• En 2022, la Comisión de Agua y Saneamiento presentó un documento criticado por su falta de estructura y contenido, impidiendo un diagnóstico real del recurso hídrico. Las recomendaciones eran genéricas, sin respaldo institucional, y culpaban a factores externos sin asumir responsabilidades gubernamentales, proponiendo acciones ya existentes en lugar de un análisis retrospectivo y nuevas estrategias.
• El Proyecto de Código de Aguas de 2024 fue rechazado por las Organizaciones de Usuarios, quienes conformaron una plataforma de trabajo para analizar el documento del DGI. Consideraron que el proyecto era improcedente y perjudicial para los intereses de los usuarios del agua en la provincia de Mendoza.
• Entre las cuestiones más objetadas del proyecto, se destacan la centralización de la nueva estructura del DGI y la restricción a la autonomía de las Inspecciones de Cauce. También preocupan las modificaciones propuestas en las concesiones de agua, permitiendo al Poder Ejecutivo Provincial alterar prioridades y revocar derechos en favor de otros usos.
• El Plan Maestro del Sector Hídrico Provincial de 2025 y el Decreto 824/25, que encarga al DGI acciones complementarias, generaron incertidumbre por la falta de conocimiento sobre sus alcances. Las Organizaciones de Usuarios del Río Mendoza solicitaron formalmente información y participación en el diagnóstico intersectorial, mientras que las Inspecciones de Cauces insisten en su propuesta de infraestructura desde 2022, incluyendo la Presa Uspallata.
• Denuncian una intervención preventiva sin fundamentos en el Arroyo El Salto, que parece haber sido un intento de disciplinar selectivamente a algunos inspectores. Esta acción contrasta con la falta de resolución en el caso de la Inspección de Cauce de Corralitos en donde estaba Alejandro Currenti y era avalado por el ex intendente Marcelino Iglesias. Afortunadamente, las autoridades de la Inspección del Arroyo El Salto fueron restituidas, aunque aún queda pendiente un pedido de inconstitucionalidad por procedimientos discrecionales.
• Las actuales autoridades del DGI tomaron malas decisiones con relación a empleados de planta que tuvo que indemnizarse por tutela sindical con recursos que aportan los regantes.
• Se reportaron irregularidades en el Departamento General de Irrigación que afectaron su patrimonio, como el choque de un vehículo oficial fuera de horario y el manejo indebido de equipos y repuestos por parte de Martín Adi, ex Jefe de Máquinas. A pesar de los pedidos de investigación, Adi renunció sin sumario y ahora es Subdirector de Tránsito en Guaymallén, sin que se hayan explicado o sancionado estas faltas.