Fecovita denuncia "tratamiento desigual" por parte de la Justicia
La defensa cuestiona el avance de causas penales impulsadas por la firma Iberte y denuncia una “doble vara” en el accionar del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Imputaciones sin pericias, desarchivos sin pruebas nuevas y causas propias que no avanzan, forman parte del escenario
El abogado Eduardo Gerome, en representación de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), cuestionó la actuación de la Justicia mendocina en las causas que involucran a directivos de la entidad, imputados por presunta falsedad de balances y estafa, en el marco de una disputa con la empresa Iberte. Gerome advirtió sobre decisiones “sin respaldo técnico” y denunció un "tratamiento desigual" por parte del Ministerio Público Fiscal.
La disputa entre Fecovita y la firma Iberte —representada por Juan José Retamero y Guillermo García— viene escalando desde 2023, con presentaciones cruzadas en Mendoza y en Buenos Aires. Retamero, quien asegura que su conflicto “no es con la institución sino con su cúpula directiva”, reclama una indemnización de USD 50 millones y sostiene que los balances de la Federación fueron falseados. Según destaca, dos causas en curso probarían “el perjuicio económico y moral que ha sufrido”.
Una de ellas, la Causa Nº P-84.473/23, radicada en la Fiscalía de Delitos Económicos N° 7 y a cargo del fiscal Gabriel Tichelli, derivó en la imputación de integrantes de la Mesa Directiva de Fecovita por falsedad de balances. Gerome aseguró que la imputación fue ordenada “en apenas dos meses y sin contar con dictámenes periciales que la avalen”. “El fiscal no esperó ni siquiera el informe completo del Cuerpo de Contadores del Poder Judicial”, agregó. “Se avanzó sin pruebas y sin respetar los tiempos mínimos de una investigación seria”.
En paralelo, otra causa —la Nº P-17.924/23— fue iniciada por Iberte en febrero de 2023 por presunta defraudación. En ese expediente, tras una pericia contable firmada por todos los peritos intervinientes que “no halló irregularidades por parte de Fecovita”, el fiscal Flavio D’Amore archivó la denuncia en octubre de ese mismo año por “falta de elementos que justifiquen una imputación”. Sin embargo, la causa fue reabierta meses después, tras un escrito presentado por García, y bajo la intervención del fiscal Gabriel Tichelli, quien finalmente volvió a imputar a los directivos de Fecovita.
“Se desarchiva y se imputa sin ningún elemento adicional y desconociendo la pericia oficial”, apuntó Gerome. “Ni siquiera se menciona el informe, y cuando se lo hace, es para apartarse de sus conclusiones firmadas por todas las partes”. A su juicio, se trata de “una decisión arbitraria que viola principios básicos del debido proceso”.
La defensa también criticó que, a diferencia del impulso que recibieron las denuncias contra la Federación, las causas iniciadas por Fecovita contra Retamero y García no avanzan o terminan archivadas sin medidas sustanciales. Una de ellas, radicada en Buenos Aires y vinculada a una presunta administración fraudulenta, derivó en la imputación de ambos empresarios por haber vendido mosto y vino entregado por la Federación “sin informar ni rendir cuentas”. Esa causa se tramita en el Juzgado Criminal N° 61 de CABA, expediente 32.726/2023, y la Cámara ordenó su avance en septiembre del año pasado.
Otras dos denuncias interpuestas en Mendoza por extorsión (julio de 2023) y sabojate empresario (abril de 2025) no han tenido el mismo recorrido. En el caso de la primera, el fiscal Santiago Garay archivó el expediente en febrero de este año sin ordenar ninguna prueba relevante, según señaló Gerome. En cuanto a la segunda, radicada en la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Susana Muscianisi, “aún no se ha registrado ningún acto procesal útil tras tres meses de presentada la denuncia”.
Gerome también recordó que en abril de 2025, Fecovita presentó documentación ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza. En ese contexto, el diputado José Luis Ramón —presidente de esa comisión— manifestó públicamente que, a su criterio, la imputación contra los miembros de Fecovita carece de sustento probatorio. El mismo mes, la Legislatura aprobó la Resolución Nº 1197/25, solicitando al Ministerio Público Fiscal que informe sobre las actuaciones.
“El tratamiento judicial está claramente desbalanceado”, concluyó Gerome. “Mientras las denuncias de Retamero, aún sin pruebas, prosperan rápidamente, las nuestras o se archivan o directamente no se investigan”. Para el abogado, esto genera “un grave perjuicio reputacional y operativo a una de las organizaciones más representativas del sector vitivinícola argentino”.