Escándalo en la Bonaerense: echan a 24 policías vinculados a LLA

Un terremoto político-policial estremece a la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó el desplazamiento de 24 policías, algunos de ellos altos oficiales, por lo que calificó como una "confabulación" y un "intento de golpe institucional" dentro de la cúpula de la fuerza. El epicentro de esta maniobra estaría vinculado al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la Tercera Sección electoral.

Una denuncia anónima destapa una trama preocupante

Según detalló Alonso en declaraciones radiales, la Dirección de Asuntos Internos recibió una "denuncia anónima muy completa y detallada". Esta denuncia revelaba la presunta confabulación de un grupo de 24 policías, incluyendo a Bondarenko (quien es policía retirado pero fue incluido en el grupo en cuestión), quienes habrían utilizado "oficinas y elementos del Estado para brindar apoyo" al candidato. Pero el plan iría mucho más allá: se sospecha que buscaban "diseñar una serie de medidas urgentes" para instalarse como "nuevos responsables de la institución", lo que el ministro interpretó como un "golpe al comando institucional".

La supuesta estrategia implicaba "instalarse ellos y una camada de policías en el comando institucional, pasando a retiro obligatorio a una serie de altos mandos policiales que están en funciones". Alonso no dudó en vincular esta maniobra con recientes declaraciones de "un Presidente que en algún momento habló de intervenir la provincia", sugiriendo un posible trasfondo político mayor.

Tras recibir la denuncia, el auditor general de la Policía Bonaerense ordenó una revisión exhaustiva de las dependencias involucradas. El resultado fue contundente: "se certificó que todo lo que decía la denuncia anónima era cierto, y se encontró muchísima documentación y proyectos que no tienen nada que ver con la labor policial".

Desafectación y denuncia judicial

El ministro Alonso fue enfático al aclarar que esta acción "no tiene nada que ver" con la candidatura de Bondarenko, recordando que en el pasado ya fue concejal y solicitó las licencias correspondientes. Sin embargo, subrayó que la Ley Orgánica de la Policía prohíbe explícitamente la organización política de los integrantes de la fuerza.

Por ello, se ordenó la "desafectación del personal involucrado", quienes ahora se encuentran en disponibilidad y bajo investigación administrativa. Además, se presentó la "denuncia judicial que corresponde", la cual, según Alonso, "también incluye cuestiones más graves que deberán corroborarse", aunque no brindó mayores detalles sobre los posibles delitos.

"De ninguna manera podemos permitir que un grupo de policías se confabule contra el comando institucional", sentenció el ministro, remarcando que los implicados se reunían periódicamente con Bondarenko, a quien identificó como la "terminal política" a la que respondían estos uniformados. La investigación continuará para esclarecer los alcances de esta compleja trama.

Sabina Frederic avaló la decisión

Desde la vereda de la exgestión, la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, salió a respaldar el descabezamiento de los 24 oficiales. En declaraciones radiales, Frederic fue categórica: "Es ilegal que la Policía haga campaña política".

Argumentó que, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a la expresión, la Policía tiene "restringido ese derecho, tanto a la sindicalización como a la participación política", algo que "consta en su Ley de Personal desde hace muchísimo tiempo". Comparó la situación con otros países donde las fuerzas de seguridad pueden "salir y entrar" de la carrera política, algo que en Argentina exige el retiro definitivo de la fuerza para quienes deciden incursionar en la política.

Frederic aclaró que los oficiales "no fueron echados" sino "apartados" mientras se investiga su responsabilidad. Sin embargo, dio crédito a la versión oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense, al sostener que los elementos encontrados "parecen indicar que (los policías) habían montado una especie de consultoría política pequeña, marginal" al interior de la fuerza.

"Esto está prohibido. No pueden dedicarse a hacer consultoría política para ningún partido", enfatizó la exfuncionaria, y añadió: "Ningún funcionario puede utilizar las instalaciones públicas para un trabajo privado. Acá además es para militar políticamente a un candidato, lo cual está prohibido".

Para Frederic, la investigación sugiere una "intención de reestructurar la policía de la provincia" y "dar una suerte de golpe institucional", poniendo otros jefes. Relacionó este intento con las amenazas del Presidente Javier Milei de intervenir la provincia y recordó el alzamiento policial de 2020, evidenciando la preocupación por la injerencia política en la institución policial.