Cuando los números no muestran todo: ¿hay licencia social para el proyecto San Jorge?
Un 35% de los oradores eran habitantes de Uspallata. De esos 261 valletanos, el 67% se manifestó en contra y solo el 33% a favor. Más aún: de los 300 opositores totales, el 58% eran uspallatinos. En cambio, entre los que apoyaron el proyecto, apenas un 19% vivían en Uspallata.
La audiencia pública por el proyecto minero San Jorge concluyó tras seis días de exposiciones presenciales y virtuales. El gobierno provincial no tardó en celebrar los resultados: según sus cifras, el 60% de los oradores se manifestó a favor de la iniciativa, lo que interpretan como luz verde para avanzar con la explotación de cobre y oro en Uspallata.
Pero los números, como siempre, merecen ser leídos con lupa. El geógrafo Marcelo Giraud analizó la totalidad de las intervenciones y reveló datos que contradicen la narrativa oficial. De los 743 oradores que participaron (334 presenciales y 409 virtuales), 443 se pronunciaron a favor y 300 en contra. Hasta ahí, todo parece claro. Pero al desagregar los datos por procedencia, el panorama cambia drásticamente.
Un 35% de los oradores eran habitantes de Uspallata, el territorio directamente afectado por el proyecto. De esos 261 valletanos, el 67% se manifestó en contra y solo el 33% a favor. Más aún: de los 300 opositores totales, el 58% eran uspallatinos. En cambio, entre los que apoyaron el proyecto, apenas un 19% vivían en Uspallata. El resto, en su mayoría, provenía de sectores vinculados a la minería: proveedores, cámaras empresarias, funcionarios.
La pregunta es inevitable: ¿puede hablarse de licencia social cuando quienes vivirán con las consecuencias del proyecto lo rechazan mayoritariamente?
La respuesta se vuelve aún más compleja al considerar la “otra” audiencia, la que organizaron los vecinos de Uspallata, ingeniosamente denominada “audiencia pública del pueblo”, lo cual refuerza la legitimidad del evento. En un solo día, 2.500 personas participaron presencialmente, superando ampliamente las cifras de la audiencia gubernamental, que logró reunir a 334 personas en 6 días. Se registraron 1.592 pronunciamientos en contra del proyecto, certificados ante escribano público, de los cuales 487 eran de habitantes locales. ¿Qué hubiera pasado si esa voz se hubiera volcado en la audiencia gubernamental? ¿Habría cambiado el relato oficial?
La ministra Jimena Latorre y el director Jerónimo Shantal han preferido ignorar estos números, aferrándose a los propios. Es su prerrogativa. Pero no pueden desconocer el rechazo social que se percibe, especialmente en Uspallata, pero también en buena parte de la provincia, y sus implicancias políticas y hasta electorales de este suceso.
La gestión del gobernador Alfredo Cornejo se juega mucho en este proceso. La transparencia del procedimiento ha sido cuestionada, y el tema ambiental —con el agua como eje— tiene un peso simbólico y político que no puede subestimarse. Basta recordar lo que ocurrió con Julio Cobos tras vetar la “ley Difonso” (además de perder la gobernación para el extinto partido radical, generó una contundente respuesta ciudadana que terminó impulsando la ley 7722), o con Francisco Pérez y su vínculo con el proyecto San Jorge en 2011 (debió “soltarle la mano” a sus socios del proyecto minero para no perder las elecciones). Más recientemente, el intento de Rodolfo Suarez de derogar la ley 7722 al inicio de su mandato como Gobernador le costó caro en términos de legitimidad.
¿Qué pasará con Cornejo si sus funcionarios le traen una derrota en este proyecto?, o peor aún, ¿Qué pasaría si con estos datos, el gobierno decide ir por todo y aprobar el proyecto minero?, ¿Cuáles serían las consecuencias electorales a mediano y largo plazo para la coalición gobernante?
La historia mendocina demuestra que los conflictos ambientales no son meras disputas técnicas: son pulsos sociales que pueden redefinir el rumbo político. Y en este caso, la pregunta sigue sin responderse con honestidad: ¿hay licencia social para San Jorge?