Batalla por el Presupuesto 2026: los reparos de los gobernadores
La negociación del crucial Presupuesto 2026 se convierte en un campo de batalla entre el Gobierno Nacional y las provincias, donde la distribución de recursos millonarios, especialmente los ATN, el impuesto a los combustibles y el financiamiento de obras, son clave.
El mes de diciembre se perfila como un período de alta tensión política en la Argentina. El gobierno ha puesto el foco en la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2026. Para acelerar el trámite de esta ley fundamental, el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre.
La urgencia de Milei choca con la realidad del Congreso. Es que, a pesar de ganar las elecciones, LLA cuenta con una base de 90 diputados, y sumando a sus aliados más firmes, apenas alcanza unos 115 votos. Dado que la sanción de la ley de Presupuesto requiere la mayoría absoluta, el oficialismo necesita asegurarse el apoyo de al menos 15 legisladores más, una cifra que solo puede obtener a través de acuerdos y concesiones con los gobernadores denominados "dialoguistas".
Te podría interesar
Las negociaciones se han intensificado en el despacho del designado ministro del Interior, Diego Santilli. Las reuniones con líderes provinciales como Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) subrayan la dependencia del Gobierno central del apoyo territorial para sacar adelante su plan de gastos y recursos para el año entrante.
La disputa por los billones: coparticipación vs. reclamos
El proyecto de ley prevé que, durante 2026, las provincias reciban $7.7 billones, un monto que surge de la suma de la coparticipación federal y los programas específicos acordados. Este total implica un incremento nominal del 31% respecto a lo girado en 2025, una cifra que la Casa Rosada considera suficiente dentro de su política de austeridad.
Sin embargo, para los gobernadores peronistas y sus aliados, este aumento queda lejos de cubrir las necesidades reales de sus jurisdicciones, especialmente en un contexto de alta inflación y creciente demanda de servicios públicos.
El monto total de transferencias a las provincias se desglosa de la siguiente manera, según la Oficina de Presupuesto:
- Transferencias Automáticas: $73.914.241 millones. Estos son fondos que se giran automáticamente según los índices de coparticipación federal.
- Transferencias No Automáticas: $3.627.442 millones. Estos son fondos destinados a programas específicos cuya aprobación debe ser refrendada por el Congreso.
Los gobernadores, insatisfechos con el monto global, han centrado sus exigencias en la distribución de tres fuentes de ingresos clave:
- Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
- Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
- Financiamiento de Obras Públicas y Cajas Previsionales.
La controversia del impuesto a los combustibles
Uno de los principales puntos de fricción es el Impuesto a los Combustibles, un gravamen que se proyecta recaudar $7.6 billones en 2026. Los líderes provinciales habían impulsado una ley en el Congreso, posteriormente rechazada en Diputados, que buscaba asegurarles el 52% de esta recaudación.
En la distribución vigente, el reparto es el siguiente:
- 28,6% va a la ANSES.
- 10% se destina a las provincias.
- 24,29% se asigna al Tesoro Nacional.
El remanente iba a fideicomisos que, al ser eliminados por el Gobierno, pasan directamente a engrosar los recursos del Tesoro Nacional.
Los gobernadores argumentan que al no poder acceder al porcentaje que aspiraban, se ven privados de una fuente de ingresos fundamental para sus presupuestos, y solicitan una revisión inmediata de la ley de distribución para compensar la pérdida de estos fondos que ahora centraliza el Tesoro.