Ambientalismo bajo sospecha en Mendoza

Hasta hace pocos años, Mendoza era sinónimo de conciencia ambiental: movilizaciones masivas, legislación pionera y una ciudadanía activa en defensa de sus recursos naturales. Hoy, sin embargo, el término “ambientalismo” genera incomodidad en muchas conversaciones cotidianas. ¿Qué pasó para que la defensa del ambiente —antes celebrada— se vuelva, en ciertos sectores, una expresión vista con desconfianza o incluso desprecio?

La respuesta es compleja, pero se enraíza en la aguda crisis económica que atraviesa la provincia y el país. Con índices crecientes de pobreza, inflación desbordada y desempleo en alza, muchas personas cambiaron sus prioridades. La necesidad de trabajo, de ingresos inmediatos y de cierta estabilidad, pasó a ocupar el centro del debate, desplazando discursos que, aunque fundamentales, se perciben como lejanos o abstractos frente a la urgencia del día a día.

Trabajo hoy, ambiente mañana

En ese contexto, las promesas de inversiones millonarias provenientes de la megaminería, el fracking u otras actividades extractivas comenzaron a ganar terreno. Algunas de estas industrias llegaron de la mano de grandes campañas mediáticas, que presentaban sus proyectos como motores de desarrollo, generación de empleo y progreso, que en caso del fracking y los reservorios de crudo no convencional nunca sucedió.

Pero esas promesas no venían solas: en paralelo, comenzaron a instalarse discursos que retrataban al ambientalismo como un obstáculo, una traba impuesta por sectores “antidesarrollo” o “radicalizados”. Así, la narrativa viró desde “defender el agua es defender la vida” a “necesitamos trabajo, aunque cueste ambientalmente”.

Este cambio de percepción no implica que la sociedad mendocina haya perdido sensibilidad ambiental. Más bien, refleja un conflicto de prioridades: cuando la urgencia económica aprieta, las luchas de largo plazo pierden fuerza en la agenda colectiva.

El rol clave de la política

Los gobiernos provinciales, independientemente de su color partidario, no fueron neutrales en este giro discursivo. Lejos de construir puentes entre el desarrollo y la sustentabilidad, muchos funcionarios adoptaron una postura más proclive a flexibilizar normativas ambientales y deslegitimar la protesta social.

Algunos ejemplos recientes incluyen intentos de modificar leyes de protección ambiental —como la emblemática 7722— y el impulso de proyectos extractivos sin las debidas instancias de consulta ni estudios de impacto ambiental transparentes.

Esta política de “ambiente o desarrollo” ignora deliberadamente la posibilidad de modelos productivos alternativos, que integren la generación de empleo con el cuidado del entorno. Y, al hacerlo, relega al ambientalismo al terreno de la sospecha, por supuesto, con la colaboración de un entorno mediático que gana buen dinero del estado montando una campaña de desprestigio.

Progresismo con casco

Gran parte del discurso político actual recupera un viejo anhelo del siglo XX: la idea de que “producir es crecer”, sin poner demasiadas condiciones. Pero ese modelo, que alguna vez prometió bienestar a través de grandes obras y explotación de recursos, hoy choca con las advertencias de una crisis climática que ya no es futura, sino presente.

En ese marco, resulta preocupante que las voces que alertan sobre la necesidad de un cambio de paradigma no sean escuchadas o, peor aún, sean criminalizadas. El progresismo que abraza sin fisuras a las industrias extractivas, sin exigirles responsabilidad ambiental ni respeto por las comunidades, reproduce lógicas de poder que priorizan la rentabilidad por sobre el bien común.

El periodismo como caja de resonancia

Otro actor clave en este cambio de percepción es el sistema de medios. En Mendoza, buena parte del periodismo tradicional ha adoptado una postura funcional a los discursos gubernamentales y empresariales. Las coberturas sobre temas ambientales son escasas, y cuando aparecen lo hacen en clave de conflicto, sin profundidad ni contexto.

Por el contrario, las noticias sobre nuevas inversiones, potenciales yacimientos o acuerdos comerciales suelen estar acompañadas de editoriales entusiastas, en los que se presentan los proyectos extractivos como la única vía posible para reactivar la economía provincial.

Esta narrativa, repetida una y otra vez, moldea el sentido común: si solo se escuchan argumentos a favor de un modelo y se silencian o caricaturizan las voces críticas, el debate público se empobrece hasta desaparecer.

Protestar ya no es un derecho

Cuando el ambientalismo volvió a las calles en Mendoza, tras intentos de reforma de la Ley 7722, lo hizo de forma pacífica y masiva. Sin embargo, en los años siguientes, se multiplicaron las estrategias para desmovilizar: desde la represión policial hasta la judicialización de activistas y la utilización de los medios para estigmatizar a quienes alzan la voz.

Esta criminalización de la protesta no solo afecta al ambientalismo, sino a cualquier reclamo social incómodo. El mensaje es claro: cuestionar al poder tiene costo.

Reconectar con la agenda ambiental

La gran pregunta es cómo recuperar un discurso ambiental que no quede encerrado en la defensa abstracta de “la naturaleza”, sino que se enraíce en las preocupaciones reales de la ciudadanía. El desafío está en articular un proyecto de provincia que contemple la inclusión social sin hipotecar el futuro, que genere empleo sin devastar ecosistemas, y que asuma que cuidar el ambiente no es un lujo, sino una condición para cualquier desarrollo sostenible.

En definitiva, no se trata de elegir entre pan o agua, sino de construir una sociedad donde ambos derechos sean posibles. Para eso, se necesita voluntad política, medios que informen con independencia y una ciudadanía activa que, más allá de las coyunturas, vuelva a apropiarse de una bandera que nunca debió dejar de ser suya.

Por Eduardo Sosa Lic. en Gestión Ambiental. Ex presidente de la ONG Oikos red ambiental. Ex Jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza. Consultor en temas ambientales