El jueves pasado el Concejo Deliberante de San Carlos impidió que Marcelo Romano asuma en la banca para la cual lo habían votado los vecinos del municipio. Su caso es uno más en la extensa lista de dirigentes de la oposición que deben pagar el elevado precio de enfrentar al gobierno provincial. El de Romano no es un caso aislado y eso invita a pensar en la existencia de una mecánica aceitada para aleccionar a los que se enfrentan a las políticas que impulsa Alfredo Cornejo. Con un agravante: esa justicia estricta y expeditiva solo se observa cuando el acusado es opositor, mientras que se vuelve laxa y displicente si debe investigar a un oficialista.

Los "perseguidos"

Marcelo Romano: hace años está enemistado con su primo, el gobernador Alfredo Cornejo. Es un dirigente que se opone a la minería y crítico de la gestión del gobierno. Le iniciaron una causa por "atentado contra la autoridad" un domingo de elecciones del año 2019. Su hija llevaba boletas en su vehículo y fue retenida en un control policial en el Acceso Sur cerca de las 18. Romano fue al lugar, discutió con los uniformados y se le inició una causa. Fue condenado a 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y no pudo asumir como concejal en San Carlos.

Janina Ortiz: a la esposa de Daniel Orozco la suspendieron como diputada provincial sin que exista una explicación clara. Está imputada en dos causas que se iniciaron cuando Orozco decidió romper con Cambia Mendoza para sumarse a La Unión Mendocina y ser candidato a vicegobernador de Omar De Marchi. Janina Ortiz fue electa diputada provincial y estaba sometida a proceso. Le removieron los fueros para que la Justicia pueda investigarla y eso estaba ocurriendo. Sin embargo, en lugar de esperar a que la Justicia resuelva su situación, los legisladores del oficialismo impulsaron un pedido de suspensión por "comportamiento indigno". Si bien todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, los diputados interpretaron que la defensa de Janina Ortiz realizaba maniobras legales para dilatar su imputación y a raíz de ello decidieron suspenderla. Al día de hoy continúa en esa situación.

Gustavo Gutiérrez: el concejal de Ciudad es otro detractor del gobierno de Alfredo Cornejo. Lo ha acusado de cooptar los órganos de control y el Poder Judicial. Cuestiona los modos autoritarios del gobernador y también es crítico de la gestión de Ulpiano Suarez en Ciudad. A raíz de ello, se lo emplazó a dejar de percibir su dieta de concejal o su jubilación.

Gustavo Correa: al dirigente del SUTE lo imputaron en 2022 por un supuesto caso de abuso sexual durante una protesta en la que una guardia de seguridad de UCIM lo denunció a él y otros dos integrantes del sindicato por presuntos tocamientos.

Roberto Macho: el secretario general de ATE pasó varios detenidos y arriesgaba ir a la cárcel por realizar cortes de calles obstaculizando la circulación. Finalmente, para no perder la libertad, en noviembre del 2024 acordó la suspensión del juicio a prueba por tres años. Es decir, se suspende el juicio pero para sostener su condición tiene que respetar distintas condiciones.

Martín Rodríguez: en febrero del 2024 el referente del Polo Obrero en Mendoza fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional luego de acceder a un juicio abreviado. Rodríguez se declaró culpable para no ir a prisión. En concreto lo imputaron por violar el artículo 194 del Código Penal por cortar calles.

Dirigentes ambientalistas: en el último año distintos dirigentes han sido detenidos y en algunos casos retenidos en comisarías durante varios días por expresarse en la calle en contra de la minería.

Los "protegidos"

Héctor Bonarrico: en mayo del 2022 el senador Héctor Bonarrico recibió un subsidio millonario para su fundación. Como legislador fue un aliado del oficialismo y el 9 de mayo,  una semana después de que dejara de ser senador, se firmó el decreto que le asignaba 18 millones de pesos a la Fundación Acción Social. En una entrevista con MDZ Radio Bonarrico dijo que el subsidio se lo dieron a cambio de bajar su candidatura a legislador. Después se desdijo y afirmó que fue malinterpretado. El convenio se anuló y no hubo investigación. Para el Ministerio Público Fiscal no existió delito porque el dinero nunca se entregó y porque, entienden, no había ninguna irregularidad en el convenio.

Rodolfo Suarez: siendo gobernador construyó una vivienda de lujo en la cima de un cerro en La Carrera. Allí es vecino de dos proveedores del Estado que fueron beneficiados durante su gestión. La casa de 450 m2 está emplazada en un predio de dos hectáreas y no fue declarada en la Oficina Anticorrupción hasta que El Medio expuso su existencia. Sin embargo, nadie investiga el crecimiento del patrimonio del actual senador nacional.

Marcelo D'Agostino: el exsubsecretario de Justicia fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal, violencia de género, amenazas y otros delitos. Sin embargo, el Ministerio Público tardó dos semanas en imputarlo, no lo allanó y solo lo imputaron por delitos excarcelables para que no quede detenido.

Darío Falcone: el secretario de Obras de Godoy Cruz, Darío Falcone, fue denunciado por enriquecimiento ilícito. En 2021 se presentó la denuncia anónima para que se investigue a Darío Ángel Falcone y su cónyuge Melisa Gisela Garcia Salazar por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El disparador de la denuncia fue el patrimonio que ambos declaraban en sus declaraciones juradas que, a criterio de los denunciantes, denotaban un marcado incremento patrimonial durante los cargos que Falcone ejerció como administrativo municipal. La Justicia archivó la causa y dijo que "no debe perderse de vista que al igual que en otras profesiones liberales y de ejercicio independiente, más allá de los honorarios, gabelas, aportes previsionales, sellos, etc. que fija el Colegio de Arquitectos e Ingenieros y que resultan de aplicación obligatoria a la labor propia de aquéllos, la profesión de arquitecto se caracteriza por un alto nivel de informalidad".

Oscar Sandes: fue el titular de Vialidad durante el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Se detectaron irregularidades y desvíos de fondos durante su gestión. El Tribunal de Cuentas lo sancionó con multas y cargos millonarios entendiendo que era responsable por no haber detectado lo que estaba ocurriendo. Héctor Caputto, Ricardo Pettignano y Mario Angelini así lo votaron contra la opinión de los cornejistas Néstor Parés y Liliana Muñoz que se opusieron igual que el secretario relator Gustavo Riera, al que después Alfredo Cornejo designó como vocal del órgano de control. El caso fue a la Corte y la Suprema Corte anuló los cargos en otro fallo dividido. Pedro Llorente y María Teresa Day, cercanos al gobierno, impusieron su decisión sobre el voto de Julio Gómez que defendió el fallo del Tribunal de Cuentas.