En una maniobra que ha dejado atónita a la comunidad académica y política de Mendoza, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo se ha convertido en el escenario de una ofensiva contra la libertad de expresión que busca reescribir las reglas del juego electoral. La Franja Morada de la Facultad de Derecho, correspondiente al claustro Estudiantes de la Facultad de Derecho, en donde está el brazo estudiantil del radicalismo, ha presentado ante la Junta Electoral General de la UNCuyo un pedido de "reserva de nombres" que, lejos de ser un mero formalismo administrativo, pretende blindar la campaña mediante la prohibición de menciones a figuras y temas que hoy incomodan al oficialismo universitario y gubernamental.

El eje central de este blindaje parece estar diseñado para silenciar dos frentes críticos: la integridad ética de sus referentes y la postura frente a los recursos naturales. Al solicitar la exclusividad sobre el nombre de Marcelo D’Agostino, exsubsecretario de Justicia y figura de peso en el andamiaje judicial de la provincia, la agrupación busca desactivar cualquier crítica relacionada con las denuncias por violencia de género que pesan sobre el funcionario. Esta suerte de "propiedad intelectual" sobre el nombre de un actor público no solo es una anomalía jurídica, sino que se percibe como un escudo para evitar que la oposición estudiantil vincule a la conducción de la facultad con personajes cuestionados por su conducta privada y pública.

En la misma línea de censura temática, el pedido de reserva sobre la ley 7722 —la norma emblemática que protege el agua en Mendoza frente a la minería contaminante— representa un intento por secuestrar una bandera social para que no pueda ser utilizada en el debate de ideas. Al intentar monopolizar el uso de este término, Franja Morada pretende anular cualquier señalamiento sobre las contradicciones del gobierno provincial y sus aliados universitarios en materia ambiental. Esta pretensión de prohibir que otros hablen de la 7722 o de figuras como Alejandro Jofré, condenado por abuso sexual, bajo el pretexto de "evitar confusiones", es leída en los pasillos de la facultad como un reconocimiento implícito del costo político que estos nombres y temas representan para el oficialismo.

También pidieron que no se hable de el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el expresidente Mauricio Macri. Pero fueron más allá, agregaron a la lista negra al gobernador Alfredo Cornejo y varios de los miembros de su gabiente, intendentes de la UCR, también al libertario Luis Petri y palabras como Casa de Gobierno, UCR y La Libertad Avanza.

La gravedad institucional de este hecho reside en que se produce en la casa de estudios encargada de formar a los futuros juristas de la provincia. Intentar cercenar el vocabulario político de los adversarios para que no puedan nombrar la realidad es una práctica que roza el autoritarismo y que, en la práctica, busca un triunfo electoral basado en el silencio y el olvido forzado. Mientras la Junta Electoral evalúa este insólito pedido, la discusión de fondo ya trascendió las aulas: se trata de una lucha por determinar si el debate democrático puede ser capturado por un sistema de marcas registradas que proteja a los funcionarios del juicio de la ciudadanía.