La licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), el canal de salida de más del 70% de las exportaciones agroindustriales argentinas, acaba de ingresar en una zona de alta turbulencia política y corporativa. Tras la reciente preadjudicación del contrato de dragado y balizamiento a la compañía belga Jan De Nul —asociada localmente con Servimagnus—, su principal competidora, la también belga DEME, pateó el tablero del proceso con una audaz propuesta enviada directamente al ministro de Economía, Luis Caputo.

En la misiva, el consorcio relegado ofrece hacerse cargo de las obras aplicando una tarifa de 4,77 dólares por Tonelada de Registro Neto (TRN), lo que representa una reducción del 17,4% respecto del piso de 5,78 dólares que la Administración General de Puertos (AGP) había fijado como obligatorio en los pliegos de la actual licitación. De acuerdo con los cálculos presentados por la empresa, esta diferencia tarifaria se traduciría en un ahorro directo de 2.500 millones de dólares para el sector exportador a lo largo de los 25 años que contempla la concesión.

El movimiento de DEME expone una severa crítica al diseño de los pliegos oficiales. La empresa argumenta que el mecanismo actual impuso un "piso artificial" que impidió la libre competencia de precios. Al verse imposibilitados de ofertar por debajo de ese límite en el esquema tradicional —donde una impugnación formal exige un aval bancario de 10 millones de dólares—, la firma decidió recurrir a una vía jurídica novedosa: el régimen de Iniciativa Privada contemplado en la recientemente reglamentada Ley Bases (Nº 27.742). Mediante este instrumento, el grupo busca que el Gobierno declare desierto el proceso actual y convoque a una nueva compulsa internacional basada en su propuesta de bajo costo.

La jugada trasciende lo estrictamente comercial y se posiciona en el plano de la alta geopolítica. La carta enviada a Caputo no solo lleva el sello de DEME, sino que expone el respaldo de un potente entramado corporativo estadounidense, integrado por la dragadora Great Lakes Dredge & Dock Company, la financiera Clear Street y el influyente fondo de inversión KKR. Los firmantes argumentan que una adjudicación a su favor consolidaría la alianza estratégica entre la gestión de Javier Milei y los Estados Unidos, presentándolo como un hito de atracción de capitales norteamericanos bajo el paraguas político de la administración de Donald Trump.

Con este planteo sobre la mesa, el Palacio de Hacienda enfrenta un dilema complejo. Por un lado, la presión del complejo agroexportador de Rosario, nucleado en la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y la Bolsa de Comercio de Rosario, que históricamente ha reclamado la mayor reducción posible de los costos de peaje para devolverle competitividad al campo. Por el otro, el riesgo de parálisis institucional y litigiosidad en un sistema de navegación que arrastra años de precariedad y contratos vencidos desde la histórica salida de la gestión privada en 2021.