Motosierra
Milei eliminará el Régimen de Zonas Frías y en Mendoza se pagará más caro el gas
Quiere terminar con el beneficio automático en la “zona ampliada”, que abarca áreas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza y San Juan; se mantiene sin cambios solo en regiones de frío extremo.
En la antesala del invierno, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, incluida en el paquete titulado “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.
El Poder Ejecutivo busca así desarmar la ampliación dispuesta por la el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país. En los fundamentos del proyecto, sostiene que esa modificación incorporó áreas sin “severidad climática” suficiente y que eso terminó por “desnaturalizar” el régimen.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo (Economía) y Manuel Adorni (jefe de Gabinete), apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (centro, norte, oeste y costa atlántica), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.
En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas.
En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).
El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Sus legisladores fueron determinantes en votaciones recientes, ya sea para bloquear iniciativas incómodas o para garantizar el avance de reformas impulsadas por el Gobierno.
Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen, con el objetivo de reducir el costo fiscal y ordenar la cadena de pagos del sector.
Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.
También se modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.
El financiamiento del régimen será a través de un recargo en las facturas de gas de todo el país, que podrá llegar hasta el 7,5%. El proyecto habilita al Poder Ejecutivo a ajustar ese porcentaje -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.
La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.
En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.
Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.
El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
